Voy a empezar este artículo por lo que, generalmente, se escribe al final, por su epílogo o conclusiones: todas las ciudades tienen límites, como los tiene cualquier cuerpo físico, cualquier estructura, cualquier territorio; las ciudades no pueden crecer de manera indefinida o, peor aún, de manera desbordada como está ocurriendo en Medellín.
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Dicho esto, entremos en las razones para esta conclusión adelantada que les he planteado. Uno de los principios en los que se basa un estado, un gobierno, y tal vez el más básico, es su capacidad para ejercer el control sobre un territorio. Por esto se delimitan mapas y fronteras a partir de las cuales se entiende que hay una autoridad que rige todo lo que allí ocurre, en particular y en principio, controla ese territorio, determina quiénes son los propietarios y qué uso se puede hacer del suelo y que uso no.
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En Medellín esto no ocurre. Los cerros tutelares, las zonas verdes, zonas de retiro de quebradas y cuerpos de agua, las áreas que se han declarado de conservación o que se consideran espacio público se pierden a diario; cualquiera se las toma, cualquiera invade y construye en ellas, cualquiera las vende y compra en frente de los ojos de todos los ciudadanos y de todas las autoridades. Pequeños propietarios de terrenos de las laderas pierden sus propiedades porque son invadidas por construcciones con el respaldo de grupos delincuenciales, que presionan a sus verdaderos dueños en medio de la lentitud e inoperancia de las instituciones que deben garantizar un derecho tan básico.
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En todas partes y en todos los estratos
Aunque son muy evidentes las invasiones en amplias zonas que se han presentado en Medellín, como la salida al túnel de Occidente, el Morro de Moravia o en el cerro Pan de Azucar, este no es una situación que solo se presente en sectores populares o en estratos bajos. Medellín también está perdiendo sus zonas de laderas y montañas, en sectores que de alto valor económico, como la parte alta de El Poblado y Las Palmas o en la parte alta de Belén, donde el verde y el bosque se ha ido perdiendo. En los sectores populares son los grupos delincuenciales quienes se toman cualquier espacio disponible y lo venden; pero en los estratos altos, son las curadurías y los mismos entes de planeación que se pasan por la faja, la cuota urbana de la ciudad y otorgan licencias de construcción en zonas que deben ser protegidas y conservadas, como corredores ambientales y como zonas para conservar el verde y oxigenar un poco este valle de humo.
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Que ocurra esto es muy grave por muchas razones: porque cada barrio de invasión y cada casa de millonario que se construye pasándose por encima las normas de la ciudad se convierte en un nuevo mito fundacional, estas comunidades surgen y se van consolidando en una especie de “paraestado” y, por lo tanto, no es allí donde el gobierno local y sus instituciones son reconocidas como autoridad, como ente regulador y difícilmente llegarán un día a serlo. Allí ordenan y controlan el territorio y a las mismas personas que lo habitan los ilegales.
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Es también muy grave porque estamos perdiendo, poco a poco, los principales bienes ambientales de este territorio, cada vez queda menos del Cerro El Volador, del Cerro Pan de Azúcar, del Cerro El Picacho, del Cerro Nutibara y del Cerro de Moravia, que una vez fue recuperado. Cada día se pierde un nuevo pedazo de la zona de retiro de la Quebrada La Iguaná, precisamente en el sector de Los Colores, en frente de los ojos de todo mundo.
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De seguir así, Medellín perderá el verde que se divisa en las montañas y muy pronto todo será color cemento, techos y adobes, y el aire fresco que bajaba de sus cerros y montañas ya no circulará. No se trata de un asunto estético, se trata de un equilibrio mínimo entre asentamientos humanos, generación de oxígeno, fuentes de agua protegidas y, por supuesto, la posibilidad de que otras especies también puedan seguir habitando este territorio, así sea en las montañas que rodean el valle que antes habitaban.
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Debido a esta manera de crecimiento ilegal y «legal» indefinido, Medellín nunca podrá ser una ciudad consolidada en sus servicios básicos, en sus equipamientos urbanos, en su sistema de transporte, ni en nada de lo que una ciudad debe ofrecer a quienes la habitan, incluyendo la seguridad. Claro que las personas tienen derecho a una vivienda, pero también se “romantiza” por algunos el hecho de que una familia tenga que vivir en una ladera, en las peores condiciones y sin ningún servicio básico. Así no puede ser la forma de acceder a una vivienda.
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Las ciudades tienen límites y capacidades y estas están determinadas por los territorios que las contienen, por sus ecosistemas. Y aunque, hasta hoy, los asentamientos humanos causan graves efectos en los territorios, se deben conservar los mínimos necesarios que en esta ciudad estamos rompiendo a diario. Las ciudades tienen límites y, por el bienestar de todos, hay zonas que deben conservarse, protegerse y darles un uso exclusivamente ambiental, para que allí fluya la vida, las demás especies, el agua, un aire limpio.
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Este fenómeno es un síntoma de la mayor debilidad de un estado: la incapacidad de controlar su territorio. Casi todos los estados modernos han definido sus límites a partir de guerras, es decir por la capacidad de controlar, sobre otros, un territorio determinado. Hoy Medellín, como una forma de estado, demuestra que no es capaz de tener un control efectivo sobre su territorio, ya que son otros quienes lo controlan. ¿Qué es lo que controla un gobierno sino controla su territorio?
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Medellín es una ciudad que está en riesgo de no ser viable como un territorio ambientalmente sano para las personas que lo habitamos, pero además inviable como apuesta institucional, pues si el «gobierno local» no puede garantizar el derecho a la propiedad de sus habitantes, ni a los bienes colectivos ¿qué sentido tiene entonces?
