La asistencia del presidente Gustavo Petro al Consejo de Seguridad de la ONU el pasado jueves 11 de julio, para la presentación del informe de la Misión de Verificación de esa organización en Colombia, pone en evidencia la respuesta insuficiente frente a las violaciones de derechos humanos y la construcción de paz del actual gobierno. Ya en febrero, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos revelaba cifras preocupantes sobre la violencia en Colombia, destacando un aumento del 6.5% en el número de masacres durante el año 20231. Esta realidad subraya la necesidad urgente de una intervención efectiva del Estado para garantizar la seguridad y los derechos humanos en los territorios más afectados.
El año 2023 cerró con 98 masacres verificadas, resultando en 320 víctimas, entre las cuales se contabilizan 242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas. En comparación, el año 2022 registró 94 masacres con 300 víctimas1, lo que ya indicaba una situación crítica. Este incremento en la violencia no es un fenómeno aislado, pues se ha observado una tendencia preocupante en los años anteriores: en 2021, se reportaron 96 masacres con 338 víctimas, y en 2020, 91 masacres dejaron 381 muertos2.
Para el 2024, hasta el 27 de junio, Indepaz reporta 37 masacres con 120 víctimas2, lo que proyecta una continuidad en la tendencia de violencia que ha venido azotando al país. Estas cifras no solo reflejan una tragedia humana, sino también que las políticas de seguridad y derechos humanos se han mostrado cada vez menos eficientes frente a este tema.
Los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca son los más impactados por esta violencia. La mayoría de las masacres son atribuidas a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, quienes buscan consolidar su control territorial y social a través de la violencia. Esta dinámica ha afectado a 206 municipios, evidenciando un aumento del 14.4% en comparación con los 180 municipios afectados en 20221.
El informe también destaca la alarmante situación del reclutamiento de menores, con 134 casos registrados, de los cuales 86 son niños y 42 niñas1. Particularmente preocupante es que en 75 de estos casos, las víctimas pertenecían a pueblos étnicos, evidenciando una vulnerabilidad exacerbada en estas comunidades1.
La violencia basada en género también persiste como una grave problemática en el contexto del conflicto armado. La ONU recibió 100 denuncias de violencia de género, incluyendo feminicidios, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de grupos armados no estatales1. Además, se documentaron casos de amenazas, desplazamiento y violencia contra personas LGBTIQ+ debido a su orientación sexual o identidad de género.
A pesar de las evidentes y alarmantes cifras, el gobierno ha mostrado una falta de voluntad política y negligencia frente a estos hechos. Según el informe, «la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad aprobó en septiembre una política de desmantelamiento, pero su implementación ha sido lenta y poco efectiva»1. Esta política, aunque orientada a las causas estructurales de la violencia, aún no ha logrado tener un impacto significativo en la disminución de la violencia territorial.
Además, se ha observado «una falta de coordinación interinstitucional y de acciones concretas para proteger a la población civil»1. A pesar de las recomendaciones de la Oficina de las Naciones Unidas, el Estado no ha logrado fortalecer de manera integral su presencia en los territorios más afectados, ni ha garantizado una protección efectiva de los derechos humanos. La negligencia se refleja también en «la respuesta insuficiente frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública, incluyendo casos de corrupción y connivencia con organizaciones criminales»1.
En el marco de la política de «Paz Total», el gobierno ha decretado ceses al fuego bilaterales con grupos armados como el ELN y el EMC, pero estos esfuerzos no han sido suficientes para reducir la violencia a nivel nacional1. La falta de una implementación efectiva de estas políticas y la ausencia de un compromiso real y sostenido por parte del gobierno demuestran una grave negligencia frente a la crisis humanitaria que enfrenta el país.
La situación descrita por el informe de la ONU demanda una respuesta integral y contundente por parte del actual gobierno. Las cifras y realidades expuestas subrayan la gravedad de la violencia en Colombia. La continuidad de las masacres y el impacto devastador en las comunidades exigen una respuesta coordinada y efectiva que aborde las raíces del conflicto y proteja a los ciudadanos, especialmente a las víctimas. La falta de voluntad política y la negligencia del gobierno frente a estos hechos son inaceptables y requieren una reorientación inmediata para garantizar la construcción de paz y justicia social en el país.
1. https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2024/02/02-28-2024-Informe-Anual-Advance-Espanol-2023.pdf
2. https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021
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Por: Juan Camilo Rojas.
Sociólogo con MBA, enfocado en gestión y seguimiento de proyectos, planificación estratégica, análisis de indicadores sociales y gestión pública. Sígueme en X como @jucaroj
