El pasado martes 18 de marzo tuve la oportunidad de participar en la marcha en Bogotá. Estoy convencido de que una reforma laboral es necesaria y urgente, especialmente para garantizar mejores condiciones a quienes hoy son explotados mediante la modalidad de contratación por órdenes de servicios y por plataformas como Rappi, entre otras. También es justo modificar la jornada nocturna y continuar reduciendo la jornada laboral.
Sin embargo, el Congreso de la República ha estado por debajo del desafío que exigen las necesidades de la población. En lugar de liderar un debate amplio e incluyente, ha caído en la dinámica impuesta por el gobierno nacional. La pugna entre posturas radicales nos sumerge en una especie de “patria boba”, donde el resultado es frustrante para todos. El Congreso debería ser el espacio donde converjan los diferentes sectores: trabajadores, empresarios, organizaciones sociales y sindicatos, con el objetivo de definir una reforma que beneficie no solo a los empleados formales, sino a toda la sociedad.
La mayoría de los colombianos obtiene sus ingresos de la informalidad. Según el DANE, en 2024 la informalidad nacional se ubicó en el 56%, y en la ruralidad ascendió al 83.2%. La reforma laboral debe contemplar mecanismos para integrar a estos trabajadores a un sistema donde puedan ejercer plenamente sus derechos. También es clave revisar la modalidad de contratos por prestación de servicios, para que no sigan siendo una forma de precarización laboral.
Es evidente que el cambio no puede darse únicamente por decreto. Las medidas implementadas exclusivamente por este mecanismo resultan ineficaces. Es imprescindible la participación del sector empresarial, no solo de las grandes compañías, sino también del pequeño comercio y los emprendedores con poco capital.
Mientras marchaba por la Carrera Séptima en Bogotá, recordé la gran movilización de 1977. En aquel entonces, cuando era niño en el barrio Olaya, al sur de Bogotá, percibí con claridad que el pueblo reclamaba al “establecimiento”, representado por el gobierno y los empresarios.
En contraste, la marcha de 2025 me dejó sensaciones más confusas. No percibí con claridad si las personas protestaban por mejoras en sus condiciones laborales y de salud o si el evento se convirtió en una manifestación de respaldo al presidente. Tampoco me quedó claro si el apoyo era a sus políticas o simplemente a su figura. Siento que el discurso se simplificó en exceso bajo la dicotomía de “pobres contra oligarcas”, cuando la realidad es mucho más compleja.
Las transformaciones que el país necesita solo serán efectivas si se construyen con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales. De lo contrario, cualquier reforma quedará en letra muerta. La historia demuestra que procesos similares han generado frustración y resultados negativos, como ocurrió con los gobiernos de Salvador Allende en Chile y Alan García en Perú.
Es el momento de que los liderazgos de izquierda y derecha se sienten a dialogar y, sobre todo, escuchen a una ciudadanía que observa con preocupación el deterioro de la salud, la institucionalidad y el aumento de la inequidad y la inseguridad, que afectan principalmente a los más vulnerables. Solo a través del consenso podremos avanzar hacia un país más justo y equitativo.
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Por: Luis Miguel Úsuga Samudio
Exsecretario de Cultura de Medellín
