Durante varios meses he estado preocupado por el cambio en la metodología de registro de homicidios en el país, ya que podría ocultar violaciones a los derechos humanos y afectar la evaluación de la seguridad pública, tanto en la actualidad como en futuros gobiernos.
Según el Instituto de Medicina Legal, entre enero y diciembre de 2023 se registraron 14.033 (1) homicidios en Colombia, lo que indica un crecimiento del 5.19% de casos respecto al año anterior. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa reporta, con corte al 30 de noviembre según su página web, tan solo 11.031 homicidios (2). Según el documento descargable disponible en la página de la policía, entre enero y diciembre de 2023 hubo 13.515 homicidios (3). La disparidad en las cifras se debe al cambio de metodología en la cartera de Defensa, que implica no considerar como homicidios aquellos perpetrados por funcionarios de la Fuerza Pública en operativos oficiales.
En cuanto a las ciudades, Bogotá presenta las cifras más altas con 1.120 homicidios, seguida por Cali con 1.046, Cartagena con 425, Barranquilla con 421, y Medellín con 345 homicidios. Las ciudades con registros más bajos fueron Inírida y Mitú sin registros, Tunja con siete, y Puerto Carreño con nueve homicidios (1).
Excluir de su conteo los fallecimientos ocurridos durante operativos oficiales de la Fuerza Pública es un cambio técnico que afecta la precisión de las estadísticas y tiene implicaciones en la percepción pública y la evaluación de la efectividad de las políticas de seguridad, generando confusión y dificultando la interpretación precisa de la situación. Por ejemplo, dificulta la comparación de las estadísticas a lo largo del tiempo, ya que metodologías diferentes impiden una evaluación consistente de la evolución de la criminalidad. Esta cifra no puede ser comparada con las tomadas en años anteriores dado que expresa información diferente.
Al no considerar como homicidios los perpetrados por funcionarios de la Fuerza Pública en operativos oficiales, se permite que se oculten casos que ya en el pasado han afectado la seguridad ciudadana y los derechos humanos, como los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, el asesinato de menores de edad en operativos de la fuerza pública y otras violaciones a los derechos humanos. Esto pone en tela de juicio el debido proceso y el actuar de la fuerza pública, como ocurre en países como El Salvador, donde las intervenciones del Estado son cuestionadas y la falta de claridad en las cifras mantiene en vilo la veracidad de la información oficial.
Este cambio de metodología genera desconfianza y falta de transparencia en el manejo de la información. Excluir eventos que podrían tener relevancia en la evaluación de la seguridad pública facilita ocultar información sobre problemáticas que ya en el pasado han causado graves afectaciones a los derechos humanos.
Nota: la información de este escrito fue verificada el jueves 9 de mayo de 2024.
Fuentes:
- https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/879499/Boletin_diciembre_2023_.pdf/edbdb557-4997-f8dc-e5f8-0931303cf1a0
- https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Paginas/SIPC-Tasa-de-Homicidios-Basada-en-reporte-de-homicidios-de-la-Policia-Nacional.aspx
- https://www.policia.gov.co/contenido/homicidios-2023″
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Por: Juan Camilo Rojas
Sociólogo con MBA, enfocado en gestión y seguimiento de proyectos, planificación estratégica, análisis de indicadores sociales y gestión pública. Sígueme en X como @jucaroj
