Alguna vez el maestro Carlos Gaviria Díaz, al referirse a la constitución de 1991, afirmó: «Esta Constitución busca construir un estado social de derecho que garantice la dignidad humana y la justicia social». Esta frase cobra relevancia al considerar que, en los años 90, Colombia enfrentó una alta tasa de homicidios, con cifras anuales entre 20.000 y 30.000 a nivel nacional. En Medellín, la ciudad registraba entre 5.000 y 7.000 homicidios anuales durante esta misma década. La violencia tuvo un impacto significativo en Colombia, contrastando con la situación actual, donde los homicidios rondan por los 11.000, aunque preocupa que el año pasado se superara la cifra de los 12.000 homicidios, aunque en comparación con los años 90, la variación es notoriamente diferente.
La Constitución del 91 en Colombia tuvo como objetivo principal: modernizar el sistema político y establecer un marco legal que promoviera la democracia, los derechos humanos, la descentralización y la inclusión social. A pesar del impacto positivo en áreas como la educación y la salud, la corrupción ha sido un obstáculo significativo que ha limitado los avances potenciales en el desarrollo institucional. En este sentido es importante destacar que la corrupción ocurre cuando individuos abusan de su poder frente a los recursos públicos en beneficio propio.
Recientemente el presidente de la República, Gustavo Petro, propuso una Asamblea Nacional Constituyente argumentando que se le estaban bloqueando sus funciones, pero olvidó la importancia de preservar el equilibrio de poderes. Cada poder del Estado, incluido el presidencial, debe estar sujeto a controles para evitar la concentración de poder. Estos controles deben ser cada vez más fuertes para prevenir la corrupción y los abusos que tanto nos han afectado.
Durante las últimas dos décadas, desde el poder presidencial, se han propuesto al menos ocho asambleas nacionales constituyentes, evidenciando un constante afán por evitar el control a sus funciones. En todos los casos, estas propuestas han sido descartadas debido a la importancia del control al poder presidencial para prevenir el uso indebido de la autoridad en beneficio personal o partidista. El control vigente en la Constitución del 91 es una salvaguarda necesaria que debe fortalecerse continuamente para asegurar que el gobierno se mantenga fiel a los principios del estado social de derecho.
Fortalecer el sistema de controles sobre el poder presidencial, los cargos públicos y quienes manejan recursos, contribuiría a mantener la estabilidad y legitimidad del Estado a largo plazo. Es esencial recordar que la Constitución actúa como baluarte contra el abuso de poder y la arbitrariedad, y su protección es fundamental para evitar retrocesos autoritarios y garantizar el respeto a la ley.
Les comparto, como complemento a este texto, este video con un discurso realizado por Álvaro Gómez (QDEP) que proporciona un valioso referente sobre el peso histórico y social de la Constitución de 1991.
Por: Juan Camilo Rojas
Sociólogo con MBA, enfocado en gestión y seguimiento de proyectos, planificación estratégica, análisis de indicadores sociales y gestión pública. Sígueme en X como @jucaroj
