Uno de las grandes paradojas cuando se hace pedagogía sobre el actual proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc es que la mayor oposición se encuentra en las ciudades, pues sus habitantes hace varios años no sufren de manera directa el impacto de la confrontación militar, y por eso, allí es donde se encuentra las más grande resistencia e indiferencia sobre la importancia de un acuerdo de paz que ponga fin a décadas de guerra y sufrimiento.
Una versión ligeramente modificada de la indiferencia de la ciudadanía es la postura de algunas autoridades civiles que ven el proceso de paz únicamente como la desmovilización de las Farc, que no consideran que lo acordado tenga que ver con retos para las ciudades, que ven en el proceso de negociaciones solo una nueva fuente de riesgo dada la presencia de desmovilizados en las ciudades y el peligro del fortalecimiento de las organizaciones criminales. No han entendido que el proceso de paz tiene un componente participativo en los acuerdos establecidos y puede ser una ventana de oportunidad a una oleada de democratización en Colombia. En cambio, prefieren rehuir el compromiso de comprometerse con cambios democráticos en la sociedad. Finalmente están los mandatarios que por sus criterios o por la orden de sus partidos son abiertamente contrarios al proceso, y esperan que si se produce un acuerdo de paz, éste no sea refrendado por la ciudadanía en el plebiscito.
Considero que una ciudad como Medellín tiene grandes retos y oportunidades en el marco de un post acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, tanto en el cumplimiento e implementación de los acuerdos como de cara a cambios estructurales que fortalezcan la democracia en nuestra ciudad y que esto requiere liderazgo y compromiso de las autoridades locales.
En lo acordado hasta ahora en La Habana, y ad portas de un eventual acuerdo definitivo de paz, se pueden identificar un conjunto de elementos que deben ser desarrollados en nuestra ciudad con base en los puntos de la agenda de negociaciones. Por ejemplo en materia de garantizar condiciones dignas para el fortalecimiento de la economía campesina en los corregimientos y zonas circundantes de la ciudad; máxime cuando a veces se olvida que los campesinos y campesinas de los corregimientos son también habitantes y ciudadanos. En cuanto al punto dos de lo acordado, referido a garantías para la participación política democrática, esta ciudad tiene grandes desafíos, teniendo en cuenta que Medellín puede ser una de las ciudades que ha vivido expresiones de violencia política de la mayor intensidad y que es labor de las autoridades garantizar condiciones reales para el ejercicio de la oposición política y para profundizar el espíritu de participación ciudadana esbozado por la Constitución Política de 1991.
En cuanto al acuerdo en materia de drogas ilícitas, las autoridades de la ciudad deben comprometerse con dos de las medidas establecidas. De un lado, la lucha y desarticulación de las organizaciones criminales que obtienen las mayores ganancias en las fases de transformación, expendio al por mayor y exportación de drogas y también, contribuir a la adecuación del sistema de salud para que los adictos sean tratados desde un enfoque de prevención y salud pública y no como un problema de política criminal y penitenciaria.
Uno de los puntos centrales acordados es el relativo a la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. Para esta ciudad, con una larga historia de violencia política, y con cerca de 650.000 víctimas, temas como la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la implementación de medidas de reparación integral para la construcción de paz acordadas en La Habana son un asunto estratégico, y desde ya la administración local debería estar mirando cómo hacer compatible lo que hay en materia de víctimas con estos nuevos procesos.
Finalmente, hay retos en materia de reintegración de las Farc y en la generación de garantías para su participación política en la ciudad, para lo cual debe hacerse uso de la valiosa experiencia que se tiene en Medellín y en especial aprender de los múltiples errores cometidos en el fracasado proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
Ahora bien, esto en cuanto a lo acordado en La Habana. Pero si entendemos el proceso de paz como una condición de oportunidad para avanzar en la senda de la profundización democrática, bien sabemos que Medellín sigue teniendo una agenda de asuntos cruciales por transformar tales como la erradicación de la violencia, políticas de equidad e inclusión, y el manejo de los nuevos desafíos en movilidad y medio ambiente.
De conjunto se puede afirmar que estos retos, con excepción de las garantías para la desmovilización de las Farc se deberían enfrentar con o sin proceso de paz. Pero es claro que la ciudad y sus autoridades serán fundamentales en demostrar voluntad política y compromiso con la implementación de lo acordado. En el pasado las autoridades de Medellín se esforzaron por demostrar un alto nivel de compromiso con los desmovilizados de los grupos paramilitares, incluso haciendo caso omiso de las alertas y denuncias sobre reincidencia criminal. Hoy, las autoridades tienen una oportunidad de hacer de Medellín un territorio líder en el impulso de políticas públicas que demuestren compromiso con la construcción de la paz en el territorio, compromiso que vaya más allá de albergar desmovilizados. Ojalá las autoridades locales no sean inferiores al reto que plantea esta oportunidad de democratización.
