La implementación de los presupuestos participativos tuvo lugar por primera vez en 1988 en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Esta estrategia buscaba promover un diálogo activo entre la ciudadanía y los gobiernos, permitiendo definir de manera conjunta las prioridades para la asignación y ejecución de los recursos públicos.
En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación define el presupuesto participativo como “el mecanismo mediante el cual la sociedad civil decide el rumbo de las políticas, planes, programas, proyectos o trámites de acuerdo con sus necesidades” (Ley 1557 de 2015).
En general, los municipios adoptan una ruta metodológica para implementar este mecanismo. En Medellín, por ejemplo, en 2024 se realizaron ajustes a la reglamentación que destina el 5% de los recursos municipales para que la ciudadanía participe en la definición de los proyectos a financiar (Decreto 0473). La Alcaldía de Medellín orienta este proceso hacia los indicadores del Plan de Desarrollo, buscando coherencia entre las prioridades ciudadanas y la planeación estratégica.
El proceso incluye varias etapas:
- Asambleas por comuna y corregimiento: Las comunidades identifican temas prioritarios y realizan una primera votación.
- Construcción de perfiles de proyectos: Basados en los temas seleccionados, se elaboran propuestas específicas que se presentan en las “ferias de presupuesto participativo”.
- Votaciones: Los proyectos finalistas son sometidos a votación, tanto virtual como presencial, para determinar cuáles recibirán financiamiento en el año siguiente.
Sin embargo, en la práctica, un ejercicio diseñado para ser democrático y abierto a toda la ciudadanía termina siendo liderado por un grupo reducido de personas que conocen la dinámica. En las reuniones suelen participar líderes y lideresas comunitarias que exponen sus intereses, y muchas veces el proceso se ve influido por estrategias para atraer aliados, no siempre con una visión crítica o representativa.
Este modelo, que debería ser un espacio para reflexionar sobre el desarrollo territorial, a menudo se traduce en la selección de proyectos puntuales que no responden a las necesidades estratégicas de la ciudad. Por ejemplo, asignar recursos para clases de manualidades como parte de una estrategia de arte y cultura, aunque pueda ser valioso en ciertos contextos, resulta limitado si se consideran los desafíos estructurales del territorio y los objetivos estratégicos desde al arte y la cultura para una sociedad.
Pensar el desarrollo territorial es un reto de gran envergadura para cualquier gobierno. Los espacios de negociación ciudadana requieren confianza mutua y una visión a largo plazo. Por ello, es fundamental evitar que este tipo de mecanismos se utilicen para financiar proyectos de impacto limitado, comparables a “dulces altos en azúcar y bajos en nutrición”, que no contribuyen a construir un desarrollo más sostenible y equitativo.
El proceso de presupuestos participativos también resulta limitado para las mujeres, ya que carece de un enfoque de género que garantice la representación de sus intereses y necesidades. En la mayoría de las comunas y corregimientos, los proyectos presentados o seleccionados no reflejan las problemáticas específicas que enfrentan las mujeres ni abordan temas como la prevención de la violencia de género, el acceso a servicios de cuidado o la promoción de oportunidades económicas para ellas.
Además, existe una evidente ausencia de una postura crítica por parte de las mujeres que participan en este ejercicio. Si bien algunas lideresas comunitarias asisten a las reuniones, su participación no siempre se traduce en la articulación de demandas específicas relacionadas con la igualdad de género o en la promoción de propuestas transformadoras. Los presupuestos participativos, al menos en este 2024, no incorporan criterios claros que aseguren la transversalización de la perspectiva de género en las etapas de diseño, implementación y evaluación. Sin lineamientos que promuevan la participación efectiva de las mujeres y la priorización de proyectos con impacto positivo en sus vidas, se perpetúa una dinámica que invisibiliza sus necesidades dentro de las decisiones presupuestarias en los territorios y es un reto que claramente debemos abordar en 2025 y años posteriores.
La Administración Distrital en su conjunto, y no únicamente la Secretaría de las Mujeres, debe reflexionar sobre dónde están las mujeres en los proyectos que desarrolla, en general, y en los presupuestos participativos, en particular. La responsabilidad de garantizar la inclusión de un enfoque de género no puede recaer exclusivamente en las mujeres ni en una dependencia específica; debe ser un compromiso transversal en todas las áreas de gobierno.
Sin embargo, como ha sido habitual, recae sobre las mujeres la labor de insistir y persistir en procesos de liderazgo que permitan generar negociaciones efectivas para la incorporación de proyectos que reflejen sus necesidades e intereses. Es imprescindible fortalecer estos liderazgos, no sólo como un acto de reivindicación, sino como una estrategia clave para avanzar hacia un modelo de participación que responda a las demandas de toda la ciudadanía y promueva una distribución equitativa y justa de los recursos públicos.
Solo a través de este enfoque colectivo e inclusivo se logrará que los presupuestos participativos sean una herramienta efectiva para transformar realidades y construir sociedades más igualitarias.
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Autora: Sonia Lucía Cardona Orozco
Trabajadora Social y magister en Psicología Social Comunitaria. Feminista. Colíder Amassuru Colombia. Intregrante de la Línea Género, Salud Sexual y Reproductiva de la UdeA y otras colectivas que trabajan por los derechos de las mujeres.
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