Propone el Centro Democrático una ley que reconozca propiedad sobre la tierra a los “tenedores y poseedores de buena fe”. Una reforma a la medida de quienes, poseen o tienen más de una cuarta parte del ganado de Colombia, más de cinco millones de vacas según explican en el proyecto de ley, especialmente en los Llanos Orientales Colombianos, en los territorios de las viejas haciendas jesuitas Caribabare, Apiay, Tocaria en varios municipios del departamento de Casanare y Meta.
Se quejan los poseedores y tenedores de estos predios en el proyecto radicado por la Senadora Nohora Tovar Rey (C.D. – Depto Meta), porque el Gobierno Nacional a través del Incoder ha tratado a sus predios como baldíos indebidamente ocupados; se preocupan de que el gobierno les pueda quitar parte de sus tierras para conformar el fondo de tierras propuesto en el acuerdo de La Habana; exponen su posesión histórica sobre ellos y la buena fe que han tenido al ocupar estas extensas llanuras.
Basados en los casos expuestos por la Asociación para la Defensa de la Tierra y Dignidad Llanera – “Dignillanos” -, el Centro Democrático propone armar un tierrero: que no se aplique la ley de víctimas a los baldíos indebidamente ocupados en contextos de violencia generalizada que siempre han desconocido y desconocen en el proyecto de ley; que se reconozca la buena fe de poseedores, ocupantes sin reconocer los hechos que configuraron despojos, es decir sin considerar las irregularidades e ilícitos que se cometieron con la expropiación a sangre, seguida de la llamada cadena de títulos, que consistieron en vender o escriturar el mismo predio muchas veces a diferentes personas en un tiempo corto (con la ayuda de notarios y funcionarios públicos corruptos o amenazados), con el fin de esconder en dicha cadena a los responsables del despojo, hasta culminar el proceso en un propietario (testaferro) de aparente buena fe, que hoy podría reclamar derecho de propiedad sobre el predio.
Es importante recordar que el mayor despojador de tierras ha sido el paramilitarismo, sobre todo durante la expansión del fenómeno paramilitar entre 1995 – 2005; muchos de estos despojos se realizaron en territorios que fueron baldíos hasta las décadas de 1960 y 1970; durante estas décadas fueron ocupados por campesinos colonos que tiraron al suelo el monte y abrieron paso a la ganadería extensiva. Muchos de estos campesinos ocupantes de baldíos, pero sin título de propiedad, fueron desplazados y despojados de estas tierras por paramilitares y sus aliados dos décadas después, otros fueron desplazados por las guerrillas y grupos armados indeterminados, unos y otros en disputa por el control territorial propio del conflicto armado interno.
El tierrero que está armando el Centro Democrático con el proyecto de ley 157 de 2016, es pretender que los ocupantes, tenedores, explotadores ancestrales de buena fe, que hayan cumplido los diez años, no solo de los baldíos, sino de cualquier tierra ocupada o poseída, puedan reclamar su derecho a la propiedad ante el juez agrario de su jurisdicción, demostrando su buena fe, como un aporte a la formalización de la propiedad. Eso en principio estaría bien, si lo hicieran en el marco especial y transicional de la ley de víctimas, en particular frente a la Unidad de Restitución de Tierras, creadas para resolver despojos propios del conflicto armado. Pero no, los Uribistas fieles a su ancestral tesis de desconocer el conflicto armado proponen que sea la justicia ordinaria, el juez agrario más cercano, quien legalice la expropiación a muerte.
Proponen legalizar ante un juez agrario, los despojos que están cumpliendo justo por estos días los 10 años que contempla la jurisdicción agraria?, es decir los ocurridos entre 1995-2005?; pretenden que a quienes ocuparon y tomaron predios, valiéndose de la violencia generalizada, de hechos victimizantes, de cadenas de títulos, se les reconozca propiedad privada sobre ellos? Tal parece que ese es su propósito; están trabajando para que las tierras indebidamente ocupadas no se incluyan en el fondo de tierras del acuerdo de La Habana; necesitan impedir que una reforma rural eche por tierra la contrarreforma agraria paramilitar; están armando un tierrero que le ponga trabas a la restitución de tierras y con ello puedan mantener el dominio que tanta riqueza y rentabilidad les ha generado.
