Las entregas parciales de los resultados del Censo Agropecuario reafirman lo que han concluido los estudios basados en muestras parciales de información: en Colombia existe un severo problema en el campo que está sin resolver desde hace varias décadas.
Afirmar que el índice Gini de la tierra en Colombia es 0.85 (Informe Nacional de Desarrollo Humano, ONU, Bogotá, 2011) quiere decir que el 0,4% de los propietarios (o sea unos 144.000 de un total de unos 3.600.000) posee el 41,1% de las 113 millones de hectáreas censadas. El reciente censo concluye además que casi el 70% de las unidades de producción agropecuaria son pequeñas, (de menos de 5 hectáreas), representan menos del 5% del área censada y que en ésta se produce cerca del 70% de los alimentos del país.
Recordemos también que en Colombia existen más de 6 millones de desplazados y que violentamente se han expropiado entre 2 y 8 millones de hectáreas. (IEPRI y otros, El Despojo de Tierras y Territorios. Aproximación conceptual, BogotáJulio 2009). Para completar el cuadro sobre la estructura de la agricultura en Colombia, se puede afirmar que buena parte de los títulos de propiedad sobre la tierra en Colombia han estado mediados por actos de apropiación discutibles, cuando no de robo directo con medios “legales” sobre tierras públicas, baldías. Los claros robos más recientes son las escandalosas titulaciones de tierras en la Altillanura apoyadas en refinadas maniobras “legales” de prestigiosos bufetes, creando sociedades de papel en Europa las cuales “compran” unidades agrícolas familiares que engloban posteriormente. Es decir, son violaciones a la Ley 160/94, en miles de hectáreas.
En resumen, en el país hay un severo problema agrario. La solución a éste, no puede ser un mero acto humanitario como sugiere un pronunciamiento del Consejo Intergremial Colombiano. Es un acto político de elemental racionalidad económica capitalista y de cierta justica adelantar los acuerdos en materia agraria de La Habana. A decir verdad no se adelanta una radical “Reforma Agraria Integral”, así se cumplan completamente los puntos y subtemas que aparecen en el documento del Acuerdo Final.
Brevemente: Crear un fondo de tierras con baldíos nacionales, formalizar la pequeña y mediana propiedad (para garantizar los derechos de los legítimos dueños y poseedores), declarar que por 7 años las tierras trasferidas a campesinos serán intransferibles e inembargables, garantizar la restitución de las tierras a víctimas de desplazamiento forzado, formalizar el catastro rural para que se pague el adecuado impuesto predial y se propicie su uso adecuado y sostenible, son medidas que, incluso sin acuerdos con las Farc, son apenas lógicas y racionales para ampliar el mercado interior del capitalismo colombiano.
Las delirantes afirmaciones de las conocidas 52 capitulaciones del uribismo (después le agregaron otras), según las cuales se estaría efectuando una suerte de revolución comunista, “castrochavista” pues Santos habría capitulado los derechos de propiedad en Colombia, son un absurdo teórico y práctico. La primera parte de las “capitulaciones” son 14 puntos; a manera de ejemplo mencionemos el elemento que sería la clave para el uribismo; se afirma que “1. La principal premisa del acuerdo es lograr una transformación estructural del campo a partir de una Reforma Rural Integral (RRI) que desconcentre la propiedad y la colectivice” (énfasis agregado). Cuando en el “Acuerdo final” se afirma que se formalizará la pequeña y mediana propiedad, en ninguna parte se sugiere que se van a establecer granjas colectivas o algo parecido. Decir (1.1.5) que se formaliza “la pequeña y mediana propiedad rural” y que se pretende “garantizar los derechos de los legítimos dueños y poseedores” es decir justamente todo lo contrario a colectivizar: crear PROPIETARIOS.
Termina el uribismo afirmando que “14. En contravía del desarrollo moderno de la agricultura que exige grandes inversiones en extensas plantaciones, el acuerdo busca desconcentrar y repartir la propiedad, condenando al campo al atraso y a la improductividad”. La afirmación es falsa; según la FAO (http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E) de los más de 5.000 millones de hectáreas agrícolas del planeta, el 92.3% de esas unidades productoras (608,9 millones de fincas) son pequeñas fincas; la tierra de estos predios pequeños superan los 1250 millones de hectáreas (como el 25% del total) y el tamaño promedio de finca en el planeta es de 2,2 hectáreas, con promedios que van desde los 1,8 hectáreas en China, a 2,2 en Europa, 67 en América del Norte (Centro de la gran agricultura capitalista del mundo).
Para Colombia la FAO informa que los predios pequeños (menores de 20 ha) cubren solo el 14% de la tierra, y se sabe por el mismo último Censo, que esos predios producen casi el 70% de la alimentación en el país. Es decir la pequeña producción en Colombia es muy eficiente. Ya en trabajos de campo Fedesarrollo concluyó justamente lo mismo (“Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia”, Bogotá, 2013, c.4). Incluso para la Altillanura los trabajos recientes de Jaime Forero y otros, concluyen algo parecido (https://es.scribd.com/doc/267322800/La-Viabilidad-de-La-Agricultura-Familiar-en-La-Altillanura).
Existen otras condiciones de la economía agraria en el planeta. Opera realmente un mercado mundial de alimentos y materias primas; el fin del petróleo barato resalta la urgencia del desarrollo de las bioenergías renovables; existe pues una relación entre la economía agraria y la economía energética del planeta; es decir, los altos precios del petróleo pueden conducir a altos precios de los alimentos; el negocio del agro disputa pues la captura de la renta agrícola y la misma propiedad territorial: ese es el objetivo de Cargill, Mónica Semillas, Sarmiento y otros grandes empresarios buscando apropiarse de la tierra de la Altillanura; incluso, los mismos grandes emporios rentísticos petroleros mundiales incursionan en la compra y arriendo de tierras agrícolas en todo el mundo. El cierre de la frontera agraria pactado con las Farc (punto 1.1.10) es violado claramente con el proyecto ZIDRES, y más aún, el CONPES 3797 de enero de 2014, busca justamente lo contrario: grandes inversiones públicas para ampliar la frontera agraria colombiana hacia los 300.000 kilómetros cuadrados de la Orinoquia.
Conclusiones
El pacto de tierras en los acuerdos de La Habana, que formaliza las tierras en las zonas de colonización, tal como se expresa en el punto 1, no es ningún “acuerdo con el diablo” ni un proyecto comunista para la agricultura colombiana. Se vislumbra apenas un esfuerzo para ponerla en una trayectoria de modernización según los cánones de la agricultura CAPITALISTA, con apoyos a la pequeña agricultura campesina que, recalquemos, ha dado muestras de gran eficiencia.
