Las empresas extractivas multinacionales y nacionales ya están tomando tragos amargos con las propuestas del presidente Petro frente a las industrias extractivas, la gestión ambiental y la reforma tributaria. Pero también, las personas que votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez, con la esperanza de que se frenen proyectos extractivos, también deberán lidiar con tragos amargos. Seguir como venimos no es una dulzura para nuestro patrimonio natural, para las comunidades afectadas por proyectos extractivos, ni para los municipios; en la posibilidad de construir nuevos acuerdos democráticos está el reto de que el trago, aunque amargo, no envenene.
El programa de gobierno Colombia potencia mundial de la vida que eligieron los colombianos, ya trae varios ingredientes amargos para las empresas: prohibir el fracking, no construir más mega hidroeléctricas; aprobar e implementar el Acuerdo de Escazú; quitarle a las empresas la potestad de realizar los estudios de impacto ambiental exigiendo que los financien pero a cargo de las autoridades ambientales (CARs, ANLA); reformar el código minero, exigir licencia ambiental a la fase de exploración minera. El cóctel se amargó más con la reciente decisión del Consejo de Estado que ordena al Gobierno Nacional frenar los desequilibrios ambientales que dejó la Ventanilla Minera en 2012 y que ordena reformas institucionales favorables a todas estas propuestas.
Un trago amargo para los ambientalistas no se ha servido, pero se está preparando. El anuncio de darle prioridad a los metales de la transición energética (cobre, manganeso, molibdeno, litio, elementos de tierras raras, oro, otros) y a las energías provenientes de Recursos Naturales Renovables también llamadas no convencionales (solar, eólica, pequeñas centrales hidroeléctricas -PCH-, biomasa, geotermia), anuncia un debate con importantes consecuencias políticas en las bases del Pacto Histórico, que se ha opuesto a proyectos extractivos de estos metales y tipos de energías. Hablamos de los proyectos de cobre, oro, plata, molibdeno en el Suroeste y Occidente de Antioquia donde están identificados y en exploración importantes yacimientos; estamos hablando también de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en el Oriente antioqueño y en general en las montañas andinas donde crecen y crecerán las solicitudes de licencias ambientales.
Los datos apuntan a que la demanda de los metales de la transición será creciente en las próximas décadas y que, el hidrógeno verde, podría ser el combustible ideal para la transición energética, aunque con dificultades para implementarse en el corto plazo. Colombia tiene ventajas comparativas en estos temas, las industrias globales tienen mucho apetito por estos metales, países del centro de la Unión Europea que requieren hidrógeno verde ya han manifestado su interés en las aguas de Colombia y el gobierno de Petro se propone aprovechar todas estas oportunidades: “Colombia es agua” fue la frase más repetida por el presidente esta semana en el Congreso de Minería en Cartagena.
Para producir hidrógeno verde se requiere energía eléctrica que se usa para separar los átomos de hidrógeno y oxígeno del H2O, a través de hidrólisis. Si esta energía usada proviene de fuentes renovables tiene el sello de verde, si provienen de fuentes no renovables es hidrógeno azul o gris. Hasta donde van las cosas el agua ideal para producir el hidrógeno verde es el agua dulce y limpia, por que el agua salada o sucia genera residuos complejos de lidiar a escala industrial. El agua dulce de nuestros ríos verdes y claros ahora resulta más ideal que antes para pequeñas centrales hidroeléctricas e hidrógeno verde y, al parecer, será cierto que exportaremos agua pero como energía almacenada.
Todo lo anterior confirma lo ya anunciado: la transición energética aumentará los conflictos socioambientales allí donde están localizados los recursos naturales que va a requerir la transición. Confirma también la necesidad de aplicar, con prontitud, las reformas institucionales para que esta transición sea justa, democrática e incluya en los beneficios a la institucionalidad pública local y a las comunidades históricamente afectadas. Si en esta nueva fase extractiva se repiten los errores del pasado el trago amargo será veneno.
