En una zona rural de un pueblo pequeño de Colombia, existe un acueducto comunitario que abastece a 15 familias campesinas. Consiste en una bocatoma de tres piedras que aprietan la punta de una manguera negra a la mitad de un charquito en la parte alta de la quebrada La Seca, conectada a un tubo metálico podrido que conduce las aguas hasta un tanque de almacenamiento roto, desde donde parte el sistema de distribución para las familias que lo construyeron hace ya más de 20 años, tiempo durante el cual lo han administrado llevando las cuentas en un cuaderno que alguna vez fue amarillo.
Recientemente, ante la presencia de una empresa minera que explora las tierras del municipio en busca de oro, cobre y ha solicitado en concesión para usos industriales el agua de La Seca, las familias del acueducto se han dado a la tarea de formalizar, legalizar, registrar su acueducto ante las diferentes autoridades, como una de las tantas estrategias para defender su agua y territorio.
Los quince usuarios del acueducto están integrados por tres familias: Los Montes, Los Chicas, Los Vargas. El Ramos que se casó con una Chica, llegó hace apenas un año y está construyendo la casa número 16, que también será conectada al acueducto. Esta situación hizo inviable la primera diligencia que intentaron ante la Cámara de Comercio de la ciudad capital hasta donde viajaron un delegado por familia: la Junta Directiva del Acueducto estaría integrada necesariamente por personas con relaciones de parentesco y consanguinidad. Ellos que nunca tuvieron malos manejos de tesorería, siempre tomaron decisiones por mayoría, se vieron inviables cuando les explicaron que estaban frente a la conformación de una Empresa de Servicios Públicos, la cual no podría ser administrada entre familiares. Les explicaron cómo se configura el nepotismo y como deriva en graves casos de corrupción.
¿Y si se pudiera hacer, cuánto valdría?, Preguntó Vargas para salir de dudas. Les explicaron los costos de registro al inicio del proceso, el pago anual que incluye la actualización de datos; la necesidad de que el representante legal cuente con RUT y la obligación de rendirle cuentas a la DIAN anualmente. ¿Y ustedes con cuánto apoyan? Preguntó Montes tanteando el asunto. En plata nada, le damos asesoría y capacitación con mucho gusto. Aunque como le digo, ustedes son familia, dijo el funcionario.
Aprovechando la visita a la ciudad, decidieron informarse sobre la gestión de la concesión de aguas de la quebrada La Seca. Cuando fueron ante la CAR, les entregaron un papelito con la lista de trámites requeridos a un acueducto: personería jurídica expedida por la Cámara de Comercio, Autorización Sanitaria Favorable expedida por la Seccional de Salud, planos y memorias de cálculo del acueducto, censo de usuarios que indique la cantidad de personas, animales, cultivos que requieren agua de La Seca.
Cuando regresaron a Macondo, se dieron cuenta que la Seccional de Salud que otorga el permiso sanitario, es una oficina departamental con sede en la ciudad. Otro viaje a la capital. Para el permiso sanitario, requieren muestras de agua de La Seca tomadas por un profesional acreditado, llevadas a un laboratorio acreditado para hacerles análisis fisicoquímico, microbiológico, incluir mercurio y cianuro ya que hay presencia de minería; con base en los resultados sobre la calidad del agua, un profesional acreditado debe realizar una propuesta que incluya un sistema de tratamiento de las aguas y un manual de uso de las infraestructuras. Con todo eso, darán la Autorización Sanitaria Favorable para consumo de agua de uso humano, les explicaron.
¿Ustedes con qué ayudan? Volvió a preguntar Vargas. ¿Los profesionales acreditados pueden ser ustedes, los de la salud, puede ser en los laboratorios de ustedes?, Interrogó Montes. Nosotros les prestamos asesoría y atendemos el trámite. Nuestros funcionarios no pueden apoyar porque incurren en conflicto de intereses si hacen las muestras de agua, analizan los resultados, hacen la propuesta de tratamiento y al final expiden la autorización sanitaria; es delito grave, corrupción, les aclararon. ¿Y cuánto vale? Preguntó de nuevo Montes. La seccional de salud no cobra, pero el profesional acreditado y el laboratorio les cuesta más o menos un millón, dijo el funcionario. Es que nosotros no tenemos laboratorio certificado, aclaró el funcionario antes que Montes le volviera a preguntar. ¿Y ustedes ayudan con la concesión de aguas que debemos hacer ante la CAR?, preguntó esta vez Chica. Esa parte no es de nuestra competencia, sentenció el funcionario seccional.
Cuando llegaron ante el alcalde fueron directos: ¿por qué las ayudas de los servicios públicos de agua y alcantarillado se quedan en el pueblo y no llegan al campo? Preguntó Montes leyendo desde sus notas. Sucede que la Empresa de Servicios Públicos urbana, es hasta ahora, la única capaz de demostrarle al DNP, al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Comisión Reguladora del Agua y a la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación, el manejo del acueducto, especialmente el manejo de los recursos de acueducto y alcantarillado. Ningún acueducto rural lo hace y menos ustedes que son un acueducto de 15 usuarios, dijo el alcalde. Luego le pidió a la gerente de Servicios Públicos que explicara: hay que tener personería jurídica de la Cámara de Comercio, Autorización Sanitaria de la Seccional de Salud, Concesión de Aguas, tener tarifa calculada según esas entidades que dijo el alcalde, reportar permanentemente la información a una página de internet, y en caso de no hacerlo a tiempo someterse a las multas. Cuando la gerente empezó a explicar el proceso de reporte de información, los familiares pidieron que se detuviera y abandonaron la alcaldía.
Los delegados de los Vargas, los Montes y los Chicas informaron a la reunión del acueducto los procedimientos, requisitos y costos del proceso de legalizarse, formalizarse. Sorprendidos, rabiosos algunos, concluyeron que no era posible hacerlo. Uno de los Montes, que 20 años atrás había liderado la construcción del acueducto, siguió con atención las entidades que la comisión relató y elaboró una lista. ¿Y todas estas entidades de la capital en qué ayudan? Preguntó Montes. Nos asesoran, capacitan para que nos registremos, de ahí en adelante nos cobran, vigilan y controlan, respondió Vargas. Ocho contra uno, sin contar la empresa minera, así es muy difícil, concluyó Montes.
