Vuelve y juega. Al contrario de quienes se asustan por la polémica suscitada por la revisión de los manuales de convivencia escolar, aplaudo el debate que se ha motivado a partir de las declaraciones de la Ministra de Educación, Gina Parody. Me refiero a un debate con argumentos, en vez de insultos como los que pululan en las redes sociales.
Ya es hora de que el país aborde de manera argumentada, las profundas diferencias que se presentan en múltiples órdenes de la vida ciudadana. Esta guerra, de más de medio siglo, nos ha dejado una huella mental perversa al convertir al diferente en enemigo y al enemigo en blanco de eliminación real y simbólica.
Transformar dicha mentalidad, es uno de los retos fundamentales para la convivencia ciudadana y una paz sostenible.
Dejar atrás el “oscurantismo”, derivado de viejas ideologías conservadoras y comprender a cabalidad, sin prejuicios, lo que la Iglesia Católica denomina «ideología de género», es una responsabilidad ética.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU 1948) le reconoce a todas las personas, desde el momento de nacer, sus derechos fundamentales, sin ningún tipo de discriminación.
Es preciso que, quienes participan hoy en el debate desatado sobre los manuales de convivencia escolar, comprendan que la igualdad de derechos para todas las personas debe ser el eje y columna vertebral de dichos manuales. Y éstos, a su vez, deben ser herramientas de educación ciudadana, de educación sexual, entendiendo, claro está, el concepto de educación sexual ajeno a toda clase de prejuicios.
Si esto no fuera poco, además, la Corte Constitucional ha planteado en la Sentencia T-565/13 que: “Las decisiones que toma el sujeto respecto a su reconocimiento en la identidad y orientación sexual hacen parte del núcleo esencial de su dignidad, libertad y autonomía’.
Construir reglas básicas de convivencia escolar coherentes con estos postulados constitucionales es una responsabilidad trascendental por parte de toda la comunidad educativa. Teniendo claro que esta comunidad incluye maestras (alrededor del 70%) y maestros; estudiantes, madres (a estas nadie las nombra y constituyen la gran mayoría de las “asociaciones de padres”) y padres de familias o quien cumpla ese rol.
Para la Corte Constitucional, el ámbito educativo está concebido como un espacio que promueve el pluralismo, el respeto a la diferencia y los valores democráticos.
Según esta misma sentencia: “implica que el hecho que los estudiantes opten, en ejercicio de su autonomía y con plena conciencia, por una opción sexual diversa, no puede constituir una falta disciplinaria, ni menos aún un fundamento constitucionalmente válido para la imposición de sanciones en el ámbito educativo, particularmente la suspensión”.
Reconocer los derechos fundamentales de todas las personas, además de las dinámicas socio-culturales de los tiempos actuales, debería ser la prioridad de la ciudadanía y de los diferentes sectores sociales y políticos, en vez de señalar y estigmatizar a quienes tienen una opción sexual diferente, mediante epítetos fundamentados en creencias religiosas, (El Estado Colombiano no es confesional) prejuicios e ideologías antidemocráticas.
Este ejercicio y nivel de madurez ciudadana requiere estudio, diálogo, comprensión, ponerse en los zapatos de las personas con orientaciones u opciones sexuales diferentes a la mayoría.
¡Adelante ministra Gina Parody! ¡Bienvenido el debate democrático
