En el día de ayer se hizo con bombos y platillos el lanzamiento de una plataforma de veeduría para Medellín, “Todos por Medellín”. Este hecho es sin ninguna duda valioso por su capacidad de generar mecanismos de participación social en momentos en los cuales la actual alcaldía pretende romper todos los protocolos que han regido las relaciones institucionales en la ciudad, en particular los mecanismos bajo los cuales se rigen las relaciones entre Alcaldía y EPM, su principal empresa, la segunda del país y su mayor fuente de financiación.
Como se ha vuelto costumbre, más tarda en nacer una buena iniciativa, que los corruptos y oportunistas en aparecer a respaldar casi siempre con el objeto de lograr popularidad y porque no, impunidad para sus propios actos.
Este caso no resultó ajeno a esas actuaciones. Casi de inmediato saltó el exalcalde Federico Gutiérrez a exaltar el hecho y vanagloriarse de la existencia de una participación que aniquiló, persiguió y estigmatizó por completo en los cuatro años de su mandato.
Este “apoyo” debería recogerse con pinzas.
Hoy se discute sobre la capacidad del Alcalde para pasar por encima de los intereses de EPM y la violación de los acuerdos corporativos, dado el bochornoso incidente de “ningunear” la junta directiva alrededor de una demanda en instancias de conciliación por los estragos de EPM. Ese asunto tiene de largo y ancho, por supuesto, pero no pasa de ser apenas eso, un incidente. Lo verdaderamente relevante es la carga de profundidad y la capacidad de destrucción de la institucionalidad pública que entraña.
En ese sentido es necesario recordar, solo como una manera de proponer agenda tal como lo solicitó en rueda de prensa su vocera, que esa institucionalidad quedó herida de muerte por el alcalde Gutiérrez a raíz de la venta de las acciones de EPM en Isagen, cuando de manera arbitraria se tomó para su plan de desarrollo $600.000 millones del patrimonio de EPM.
Los acuerdos institucionales entre EPM y su dueño, el municipio de Medellín, imponen que una porción de sus utilidades se transfiera al Municipio. Esa porción ya llega hoy a un 55%. La no despreciable suma de $4.3 billones de pesos entre 2016 y 2019.
En ese contexto los recursos de la venta de las acciones de EPM en Isagen eran recursos del patrimonio de EPM, ajeno a sus utilidades mismas, pero el alcalde impuso en “su” junta que tenían que ser trasladados al municipio con la disculpa de que serían invertidos en uno de los sueños del alcalde, el tranvía de la 80. Se trasladaron $600.000 millones entre 2017 y 2018, aunque el acuerdo era que se haría de manera paulatina hasta 2019.
Se volvió plata de bolsillo. Cobertura del Colegio mayor, “intervención Integral del Centro” (nunca explicada y diferente a las intervenciones del Plan Parrilla de EPM, cuyo diseño y ejecución venían de administraciones anteriores), formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia, construcción y sostenimiento de ciclorrutas (Contratos de más de $250 millones por metro lineal de pintura) y servicio de alumbrado público. Aunque cualquier ciudadano podría decir que por lo menos se hicieron inversiones, así sean dudosas inclusive, para mejorar la calidad de vida en Medellín, la normatividad exige invertir los recursos públicos con destinación específica en los rubros así contemplados.
Hoy cuando se debate la ruptura de los canales institucionales de las relaciones entre el Municipio de Medellín y su empresa insignia, EPM se hace necesario dar marcha atrás para ir al origen de una relación de imposición de criterios que pasó por encima de los intereses de la empresa e inclusive de lo ordenado por el acuerdo que legalizó, casi en tiempo real, esta toma forzada del patrimonio de la empresa. Era Patrimonio, no utilidades. Traduzco como para tías: Tomar lo que no es propio ni le corresponde: ROBO. Gastarlo en propósito diferentes a lo anunciado: “Me lo mecatié en cositas”.
