Si fuera candidato del centro político, me esforzaría en plantear ideas nuevas, en explicar mis propuestas a la gente que no le gustan los extremos, les hablaría con franqueza sobre los problemas, no ocultaría ninguna decisión que tenga en mente llevar a cabo, impulsaría mis ideas aunque sean impopulares y escandalosas. Por lo pronto les hablaré de dos de mis propuestas si fuera candidato:
1. Legalizar el cultivo y tráfico de drogas. Haría uso de, quizá, la única oportunidad que tiene Colombia de ser imperial: legalizar la producción y comercialización de la coca y la marihuana. A las 8 de la mañana del 8 de agosto, firmaría un decreto que ponga a Colombia en ese rumbo. Diré, en los considerandos y sus demás contenidos, que pretendemos usar el producto más competitivo en las zonas rurales alejadas del país, para sacar de la pobreza extrema a diez millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes, los más pobres de los pobres de nuestra nación; y que, con ello, pararé la deforestación por cultivo de coca en los ecosistemas estratégicos.
Que eliminaré uno de los principales combustibles de financiación a grupos de extrema izquierda (guerrillas), de extrema derecha (paramilitares), de grupos armados ilegales y bandas delincuenciales, sus casas de vicio urbanas y corruptos asociados; que dejaré por fuera de nuestras fronteras a los carteles; diré que su legalización constituye la principal decisión para detener el conflicto y la violencia armada que convierte en víctimas a miles de personas en nuestro territorio nacional, mientras aumentamos la dependencia de la solidaridad de la comunidad internacional.
Usaré todos los argumentos desarrollados por los países que creen en la necesidad de abordar las drogas desde un punto de vista de salud pública y la necesidad de legalizarlas para eliminar la violencia que trae su ilegalidad. Demostraría, con datos, que la sociedad global, estresada y miedosa, ha generado una dependencia de las drogas y los estimulantes, asunto que se profundiza día tras día; diría que Colombia está dispuesta a atender esa necesidad global con coca, café y marihuana, demostrando que en nuestras tierras y climas se cultivan sus mejores variedades. Me comprometería a trabajar con los países de Centroamérica para que legalicen el tráfico de estas drogas, con el fin de que se eliminen las barreras para que la coca colombiana llegue a sus consumidores sin generar violencia o alimentar carteles trasnacionales. Demostraría con cifras, que el negocio de la coca puede sustituir el petróleo como principal renta de la nación y que puede superar con creses los aportes del Plan Colombia. Presionaría a la comunidad internacional, que consume nuestras drogas, para que asuma sus responsabilidades frente a los carteles, sus grupos ilegales distribuidores y sus consumidores.
2. Reforma penitenciaria. El 09 de agosto, con otro decreto que designe presupuesto a esta idea y presente las reformas legales que se requieren, impulsaría un sistema penitenciario para ladrones y corruptos que funcione de la siguiente manera: si una persona roba un celular por valor de quinientos mil pesos ($500.000), la pena consistirá en ir a un lugar de retención donde tenga que pagar con trabajo el valor del celular y un porcentaje de la manutención de la cárcel. Si el ladrón no sabe un oficio, se le enseña y se le asegura algunos modos de producción.
El centro de rehabilitación deberá tener desde talleres de mecánica para reparar autos y motos (que tanto gusta a los desguazadores), hasta fabricación de arepas, finca para cultivar papas, en fin, un trabajadero. El penado regresa a la libertad el día que acumule el valor del celular, esté dispuesto a pedirle perdón a la víctima de su robo en evento público y le devuelva el dinero equivalente al valor de lo robado. Mientras tanto se acompañará a él y a su familia con programas sociales (educación, salud, salud mental, empleabilidad). Para hacer «condenar a ladrones y corruptos» defendería un modelo que se parezca más a la reintegración de excombatientes con reparación a sus víctimas, que a las cárceles de presos, que son verdaderas escuelas de la delincuencia.
Para hacerlo, además, le recordaría a todos los colombianos que mantener a un preso y a un desmovilizado cuesta casi lo mismo, pero que el resultado es definitivamente distinto: mientras que de cada 100 presos, el 70% delinquen cuando salen libres, sólo el 40% de los excombatientes reinciden en hechos delincuenciales, la diferencia: educación, un oficio, una oportunidad de negocio, empleabilidad acompañamiento a su núcleo familiar. Impulsaría la vinculación de la sociedad (empresas, instituciones públicas, fundaciones, ONGs) para que faciliten la reintegración de los delincuentes a la sociedad, los retaría para que juntos ofrezcamos oportunidades como solución y no pena de cárcel como castigo y venganza. Si el delincuente roba un objeto por valor de 20 millones, un carro por ejemplo, que lo pague trabajando en el tiempo que se demore para lograrlo. Si es un político corrupto que roba diez mil millones: que pase trabajando todo el tiempo que sea necesario para devolver este valor a la sociedad.
