Están en marcha las discusiones sobre las propuestas de reformas en materia de transición energética y justicia ambiental; en el marco de la COP27 y desde Egipto el Ministerio de Minas y energía lanzó la Hoja de ruta para la transición energética justa en Colombia y parece un buen marco para discutir el conjunto de reformas que se requieren entre ellas el Código de Minas, pero hace falta la ley de Concurrencia, Coordinación y Participación en la gestión de nuestro subsuelo.
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Todo indica que las propuestas de ley apresuradas y aisladas que se llevaron al Congreso de la República en los primeros cien días en algunas de estas materias mineras y ambientales, se están retirando y eso es positivo porque es necesario primero construir acuerdos entre los actores de la sociedad implicados en uno de los conflictos socioambientales más complejos que tenemos, para luego proponer leyes que expresen algunos concensos y tengan mayores oportunidades de aplicabilidad en el futuro.
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Es muy valiosa y necesaria la reforma al Código de Minas (ley 685 de 2001) de Colombia; pero apresurarse con esta reforma sin tener claro el conjunto de reformas con leyes nuevas y cambios a las ya existentes en materias relacionadas, puede dar al traste con los propósitos de cambio que busca el gobierno nacional del Pacto Histórico.
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Reformar el Código de Minas sin precisar las líneas gruesas o sin acuerdos sobre el ordenamiento de los recursos del subsuelo, sin claridad sobre los roles y las formas en que concurren las entidades Nacionales, los Entes Territoriales, los Territorios y Autoridades Étnicas para ordenar, regular, licenciar, controlar las actividades mineras, las formas de partición ciudadana frente a los proyectos y las autoridades, es muy riesgoso y nos puede llevar a nuevas reformas en el corto plazo que agotan la legitimidad de este asunto.
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Es urgente que el Presidente de la República Gustavo Petro tome la iniciativa de proponerle al Congreso de la República el proyecto de ley de Coordinación, Concurrencia y Participación en materia de la gestión del subsuelo, que proponga los objetivos de Colombia en el aprovechamiento de nuestra riqueza geológica, la institucionalidad que se requiere, los instrumentos de gestión territorial que aplicaría esa institucionalidad y las instituciones actuales, las políticas nacionales que impulsarían, las normas que requeriría sean leyes nuevas o ajustes normativos a normas existentes.
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Si resultara que el subsuelo es mejor ordenarlo siguiendo los tamaños de los yacimientos y su interacción con un sistema acuífero, una cuenca hidrográfica o un páramo en particular, es muy probable que requiramos más de entidades regionales o provinciales para gestionar estos asuntos, de instancias de participación regionales en lugar de irnos de municipio en municipio aplicando varios mecanismos de participación en todas las fases del proceso.
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Para que las entidades del orden nacional que deben cumplir lo ordenado por las Altas Cortes para proteger el patrimonio natural del país, delimitar las áreas de exclusión de la minería, atender el déficit de información y participación, sería de mucha utilidad estas claridades porque construirían de mejor manera los conductos de relación, coordinación y concurrencia con las Gobernaciones, las CAR, los municipios y territorios étnicos y la sociedad.
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Es muy probable que con base en este tipo de acuerdos sea más adecuado y posible discutir y acordar varias leyes: las que sean necesarias para la implementación de los compromisos con Escazú en materia de acceso a la información sobre los proyectos, los espacios o mecanismos de participación ciudadana, las garantías para participar y oponerse a los proyectos; los cambios normativos a las licencias ambientales en fase de exploración, los necesarios para el fortalecimiento de la ANLA y las CAR en el proceso de licenciamiento y vigilancia; los ajustes a los procedimientos para delimitar, declarar, gestionar áreas protegidas, cuencas hidrográficas, paisajes campesinos excluibles de la minería; los cambios en la ley de regalías del sector minero, su distribución y la participación en las regalías de las entidades que surjan para la transición y entidades territoriales; las políticas, programas y proyectos asociados a los mineros/as campesinos/as reconocidos como sujetos de protección especial; los compromisos derivados de los acuerdos de paz relacionados al tema minero; etc.
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Si bien hay varios cambios para hacerle al Código de Minas (mayor impulso a la formalización, obligaciones en el cierre de minas y manejo de pasivos ambientales, nuevas obligaciones en la licencia ambiental, etc.), los temas que son prioritarios de cambiar se ubican en otras materias legislativas que dependen mucho del diseño institucional que acordemos en materia Coordinación, Concurrencia y Participación para gestionar nuestro subsuelo.
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El Presidente Gustavo Petro y su Consejo de Ministros nos deben hacer una propuesta urgente ante el Congreso de la República, el espacio que escojan o pongan en marcha. Los que estamos discutiendo estos temas necesitamos ese techo para no perdernos, para buscar coherencia y complementariedad en las nuevas normas. Presidente Petro marque la pauta.
