Paz y drogas de uso ilícito

Los alcances de Los Acuerdos de La Habana no se pueden medir por la solución definitiva a diversos problemas que afronta nuestra sociedad, tanto en este como en los otros temas acordados, su importancia radica en la voluntad política de la insurgencia y el gobierno para iniciar la  construcción de soluciones, en el marco de la democracia y la institucionalidad.

 

El tema de las drogas, visto más allá de la insurgencia, ha sido un factor de poder en nuestro país, que ha involucrado a todos los estamentos de la sociedad, cuya mayor expresión fue el proyecto paramilitar, resumido en dos consignas: refundar “La Patria” y la resistencia civil frente a la subversión. La gran mayoría de  los proyectos políticos  existentes desde la década del 80, sean de cualquier orientación, han sido permeados por el narcotráfico algunos,  otros son el narcotráfico con disfraz de política.

 

Este punto firmado en La Habana, plantea un panorama alternativo frente al problema de las drogas con Las Farc; de un lado verlo como parte de la economía de guerra, permite su conexión con la insurgencia, da trazos a un  tratamiento diferente al de la “guerra contra las drogas” de los últimos  40 años, política implementada por la USA, que ha fracasado a nivel mundial y local.

 

El fracaso de esta política lo constatan las cifras y la nueva realidad.  De 1986 al 2014, los países productores han pasado de 54 mil Has sembradas a 260 mil, en el caso colombiano se ha pasado de tener cultivos en 12 departamentos a tenerlos en 23, somos el principal exportador de cocaína y heroína  a Estados Unidos y el cuarto productor de opio.  Se ha creado un mercado interno, la alta deforestación y devastación ambiental, lo reafirman. La financiación de esta guerra, en la década del 2000 al 2010, se consumió el 4.2%  de nuestro PIB.

 

En el campo social las cifras son reveladoras  de este fracaso; las cárceles están llenas de gíbaros, consumidores y cultivadores; una gran parte de los desplazados son el resultado de las fumigaciones  y de la política de guerra contra las drogas. El desarraigo y la enajenación generados, han propiciado una grave destrucción del tejido social en vastas áreas del territorio nacional. Esta realidad ha devenido en la configuración de estructuras urbanas, encargadas del negocio a nivel local y nacional, lo que antes eran carteles localizados, hoy son un sinnúmero de estructuras  territoriales con poder, que garantizan la fluidez del negocio y la ampliación del mercado interno, en todo el territorio nacional. Es innegable que  el negocio se ha expandido a pesar de la guerra contra las drogas.

 

Es en este contexto donde reviste importancia lo acordado en La Habana. La base de su posterior implementación y desarrollo parte de tres temas específicos:  A.) Cultivo, erradicación y sustitución de cultivos. B.) Prevención del consumo y salud pública. C.) Producción y comercialización de narcóticos. La cadena del negocio es diferenciada, de un lado  su condición de ilegalidad requiere de estructuras divididas y especializadas, por el otro, que sus pingues ganancias exigen una división diferenciada de la distribución de estos. Acá se invierte la cadena, ganan menos aquellos que están inmersos en  la cadena y gana más quienes están cerca de la legalidad, por la división del trabajo a su interior.

 

Este Acuerdo aborda de manera diferenciada el problema, separa  al consumidor y al sembrador del conjunto de la cadena, descriminaliza  su papel en el negocio y los asume desde la óptica de la salud pública y los DD.HH, reafirma su condición de ciudadanos con deberes y derechos en el marco de la inclusión social, jurídica política y económica (los sembradores), y de personas con problemas de salud (los consumidores) que ameritan ser tratados en dicho contexto. Se complementa lo anterior con la lucha contra las bandas criminales, es decir la aplicación de la ley con toda su fuerza sobre los otros eslabones de la cadena del negocio.

 

Este enfoque permite sustraer del negocio una importante base social, (armada y desarmada) que por intermedio de Las Farc hacían parte de este, además retirar de las estructuras  y actividades ilegales una apreciable base  política. Este mero hecho es de gran significado en la lucha contra las drogas con un enfoque, más en el contexto local y las condiciones socio económicas del territorio.

Los pasos que se dan, están complementados con la decisión de las Farc, de  la entrega de los bienes y  recursos producto de su economía de guerra, para la reparación de las víctimas. Es indudable que estos factores alientan, positivamente, la construcción de una solución integral  a esa parte del conflicto armado, destacando el compromiso de las partes a respetar el papel de las comunidades a partir del estímulo a multiplicar las organizaciones comunitarias, el respeto a la institucionalidad y la implementación de mecanismos e instrumentos que viabilicen los acuerdos.

 

La construcción de estas soluciones está articulada al fortalecimiento de la democracia territorial, con  la inclusión de los territorios y sus ciudadanos, en la legalidad económica, política, jurídica y económica, para que la transformación de las condiciones de vida sea la opción real para sustituir los cultivos y emprender el camino del bien vivir.

 

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