¿Cuáles son los impactos agregados de las megaobras que coinciden en un territorio dado de Antioquia? No se sabe. ¿Quién hace las cuentas de los impactos agregados en un territorio dado de Colombia? Nadie, esas cuentas no se hacen.
Más precisamente, ¿cuáles serán los impactos agregados de una vía 4G en doble calzada (en construcción), una mina de cobre a gran escala (como la propuesta por la AngloGold Ashanti), una represa para la generación de energía (como la propuesta con nombre Pipintá), todos ubicados en la zona baja del río Cauca entre Puente Iglesias y Tapartó (arriba de La Pintada) en el suroeste antioqueño? Ninguna institución pública lo sabe. Agreguemos, todos estos proyectos impactan un bosque seco tropical en degradación.
¿Cuáles podrían ser los impactos agregados en el vecindario de Santafé de Antioquia con dos embalses cerca (Hidroituango de Epm ya existente y Cañafisto previsto por Isagen en Anzá), las vías 4G que la conectará con Medellín, el puerto de Turbo incluyendo los túneles del Toyo, un puerto seco (que algunos visualizan) y el crecimiento de la vivienda de ocio que ya está a reventar? Nadie lo sabe. Agreguemos, también éstos en un bosque seco tropical en degradación.
¿Cuál es la capacidad de carga del río Samaná Norte en el oriente antioqueño, que ya genera hidroenergía (el 99.4% del agua concesionada en la cuenca es para la generación de energía), donde Celsia tenía pensado hacer Porvenir II y donde la CAR acaba de aprobar licencia a la microcentral Cocorná I? Nadie lo sabe. Agreguemos que hay otros proyectos hidroeléctricos propuestos en esta zona.
La institucionalidad pública no tiene cómo establecer los impactos agregados de megaproyectos extractivos y megaobras lineales en un misma porción de territorio y estamos lejos de saberlo. Las licencias ambientales, cuando las hay, se hacen especialmente para el área de impacto directo de cada proyecto y las autoridades competentes para otorgar licencias (ANLA, CARs), no llevan las cuentas de los impactos agregados. Los municipios tampoco lo saben y no tienen la capacidad técnica, administrativa y política para saberlo; es tan baja su capacidad que la mayoría de ellos ni tan siquiera han podido actualizar los Esquemas de Ordenamiento Territorial -EOT- y por eso no disponen de información confiable ni para otorgar la licencia de construcción de una casa.
Si cada proyecto por separado es generador de conflictos socioambientales que no se resuelven porque no hay instancias formales, reglas de juego, ni instrumentos para gestionar estos conflictos, ¿qué esperar de la gestión de los impactos y conflictos agregados? No se puede esperar mucho porque nadie sabe el orden de magnitud del problema, las comunidades locales lo saben porque padecen los impactos y los conflictos, pero no tienen las herramientas técnicas ni las competencias para medirlo.
Mejor dicho, hay un gran vacío, pero nadie conoce su verdadera dimensión.
