En este momento, en las subregiones de Antioquia, hay muchos negocios y conflictos en marcha. Las inversiones presentes y futuras, públicas y privadas, nacionales e internacionales, en materia de generación de energía en hidroeléctricas y microcentrales, minería de metales a gran escala, grandes infraestructuras lineales, agroindustria, previstas para ser desarrolladas en zonas rurales, en territorios de economía familiar campesina, con importantes riquezas naturales, cultivan conflictos con los habitantes y autoridades locales. De la manera en que se tramiten estos conflictos, depende su viabilidad y sostenibilidad.
Actualmente existe un contexto favorable para los empresarios e inversionistas, favorecido por un gobierno nacional extractivista en su esencia, pero complejo para las comunidades e institucionalidad pública local donde estos planean instalarse. Estrictamente hablando, siempre ha sido así, siempre ha existido una relación asimétrica, donde el poder central se impone sobre la provincia. El asunto es si en la actualidad y en el futuro cercano, los actores económicos y sin los gobiernos nacional y departamental, están dispuestos a imponer o a concertar.
Pero adicionalmente también existe un elemento nuevo: hay ciudadanía local más consciente del patrimonio natural donde habita; más educada para comprender los impactos y los cambios negativos; más conocedora de sus derechos y de los mecanismos para defenderlos; más apropiada de la institucionalidad del gobierno local y de sus competencias para ordenar el suelo, proteger el medio ambiente y facilitar la participación ciudadana. Nuevos no son los fracasos de proyectos como Hidroituango o los impactos de la minería de metales, lo nuevo es que la ciudadanía lo sabe.
En muchos municipios donde están estos proyectos o piensan instalarse, hay un nuevo actor de la sociedad que se opone a ellos y que está dispuesto a usar la institucionalidad pública, y la movilización local para impedirlo. Si a este actor local lo que le viene es la imposición y el cierre de los mecanismos de participación ciudadana, existe el riesgo de que los conflictos en lugar de resolverse se profundicen.
Estamos al día con lo que sucede en Hidroituango y sus afectaciones al río Cauca, a la biodiversidad y las comunidades rivereñas, y sabemos de la pésima gestión por parte del proyecto de las demandas de la ciudadanía. Como si esto fuera poco, el proyecto hidroeléctrico Cañafisto en el río Cauca a la altura de Anzá, quiere retomar el proceso de licenciamiento ambiental; y están en proceso los estudios de una licencia ambiental para la hidroeléctrica Pipintá también en el Cauca, en el municipio de La Pintada, entre Aguadas y Valparaíso. Que todo esto ocurra en las condiciones actuales de afectación de Hidroituango, es un comportamiento realmente desafiante para el río Cauca y para la sociedad colombiana.
En Jericó, los campesinos de Palocabildo, la Mesa Ambiental, concejales y la Alcaldía Municipal, se oponen a la mina Quebradona de la empresa Anglogold Ashanti, y a los recientes títulos otorgados por la Gobernación de Antioquia a la Minera Quebradona, Miranda Gold de Canadá y Andes Resources de Australia; mejor dicho, como si no bastara con el conflicto que hay con Quebradona, ahora hay que lidiar con dos multinacionales más. Desafiante también.
En el oriente antioqueño, en la cuenca del Río Samaná norte, que nace en el páramo de Sonsón en los Río Verdes, y que va hasta San Carlos pasando por los Bosques, están previstas cerca de 30 microcentrales eléctricas, que no son del agrado de los actores locales y regionales vinculados a Movete, por los impactos que generan en ecosistemas estratégicos y las comunidades rurales. Si se mira hacia atrás la aniquilación del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, por oponerse a los proyectos hidroélectricos, uno esperaría que no se repita violencia contra los que en la actualidad se oponen a esta nueva estrategia de intervención de sus recursos naturales.
En este contexto tan complejo, la pregunta que nos hacemos es ¿están dispuestos los empresarios a sacar adelante sus proyectos, cumpliendo las normas ambientales y generando acuerdos con las comunidades y territorios de los que hacen o harán parte? ¿Están dispuestos empresarios e instituciones públicas del orden nacional y departamental a incorporar los derechos de participación ciudadana y las normas de participación ciudadana en los proyectos extractivos? O, por el contrario ¿están dispuestos a implementar por la fuerza y a cualquier costo la implementación de sus proyectos energéticos a los locales? Y más aún, ¿están dispuestos a incorporar a los costos de sus proyectos las demandas de las comunidades locales o pretenden seguir trasladando estos costos a la sociedad local, además, sin consultárselo? Esperamos que esto último no sea.
Los acontecimientos actuales demuestran que la participación y la construcción de acuerdos con los locales son necesarios para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de todos estos nuevos proyectos; que resulta urgente, correcto, necesario, y responsable, incorporar la prevención de conflictos en los megaproyectos y la participación ciudadana en lugar de posiciones desafiantes y salidas de fuerza. Si no lo hacen, fracasarán proyectos, territorios y comunidades.
