Complejo legado nos dejan tantos años de violencia: personas y comunidades ante la evidencia de un Estado débil buscan en las bandas, los combos y las oficinas la seguridad y la justicia que el Estado no puede monopolizar y proveerles. Una trampa de violencias alimentada de forma permanente que labra día a día la repetición de la muerte.
En un cementerio de un corregimiento del magdalena medio puede leerse en la lápida de un paramilitar, un epitafio de agradecimiento a quien con su lucha y labor dio la vida por la seguridad y bienestar de los pobladores de ese terruño olvidado. Una postal para la memoria del conflicto de una comunidad que en el 2007 en el evento de la desmovilización de las autodefensas a cargo de Ramón Izasa y Macgiver, le pedían a voz en cuello al Alto Comisionado no dejarlos indefensos.
Otra postal. En una asamblea ciudadana en San Carlos en 2008 un excombatiente de las autodefensas con voluntad de quedarse en la civilidad, le rogaba la comunidad reunida no buscarlo para resolver los conflictos cotidianos: “he renunciado a la violencia y estoy cansado, no me busquen, busquen a las autoridades”, les decía.
Hoy a varios años largos de la desmovilización de las autodefensas la escena se reproduce. Han informado los medios de comunicación que grupos de vecinos en una comuna de Medellín han salido a defender con machetes, palos y piedras a los jóvenes del combo que les da seguridad, frente los ataques de los otros combos, del ejército y la policía cuando han realizado operativos. Una respuesta quizá espontánea y en todo caso desesperada que configura una modalidad de autodefensa.
Una constante de estas escenas es la legitimidad que las personas y comunidades le han otorgado a los grupos armados ilegales para que administren seguridad y justicia. Un daño enorme a una sociedad indiferente e impotente con las víctimas y los victimarios, una herencia maldita que dificulta la reinserción de los excombatientes y hace utópica la no repetición de la violencia y la consolidación de la paz en las ciudades.
Tienen razón quienes ponen en el centro del debate de la solución del conflicto armado colombiano y la superación de las violencias, el cambio de la cultura de la ilegalidad y el fortalecimiento de una institucionalidad democrática capaz de ser confiable para los ciudadanos. La principal esperanza con que contamos es la posibilidad de fortalecer el Estado colombiano, los gobiernos locales, aprovechar las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación para trabajar en este cambio cultural con perspectivas de transformación en el largo plazo.
Para que el Estado se vuelva confiable hay que trabajar mucho más. Mientras las comunidades atormentadas por las barbaries de grupos armados perciban como corruptas a la autoridad legítimas que tienen la misión constitucional de prestar seguridad; mientras la sociedad en su conjunto e inclusive las autoridades locales no confíen en la admisnitración de justicia; mientras se mantengan los nexos de los políticos con las bandas criminales y el narcotráfico; en fin, mientras no sea evidente el límite que marca la diferencia entre lo legal y lo ilegal en temas de seguridad y justicia, seguiremos condenados a esta trajedia.
Las FARC ya acabaron con su ejército de muerte y el ELN está en ese proceso, pero casi nada pasará en Medellín y en las ciudades; los futuros excombatientes, especialmente los narcotraficantes encontrarán un clima social, cultural e institucional fértil para florecer como una amapola. Por eso seguimos perdidos en las trampas de la ilegalidad.
