La conservación de la biodiversidad y la construcción de la paz en Colombia exigen la solución integral del problema del narcotráfico.
El proceso de construcción de acuerdos para la solución política del conflicto armado entre los gobiernos sucesivos del Estado de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC EP-, que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, desde el 19 de noviembre de 2012, es de una gran trascendencia para la sociedad colombiana, dado que la refrendación e implementación de lo acordado determinará el destino de las actuales y futuras generaciones.
El acuerdo sobre cultivos y drogas ilícitas suscrito en el marco mencionado entre las FARC-EP y el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos para resolver por la vía política el conflicto armado que ha desangrado a Colombia durante más de medio siglo, constituye un acto de reconocimiento a la insensatez de la violenta política represiva y criminalizante establecida desde los centros de poder mundial para resolver el problema de la producción, comercialización y consumo de psicoactivos en nuestro país y en los principales países consumidores, entre los que, de lejos, se destaca Estados Unidos de América, como el principal mercado para estas drogas y al mismo tiempo, el más férreo promotor de la llamada guerra contra el narcotráfico, dentro de la cual incluyen a las comunidades campesinas que cultivan coca, amapola y mariguana, y a las personas adictas a los narcóticos que se obtienen con estas plantas ancestrales.
De manera tajante e incontrovertible se puede afirmar que las cadenas productivas vinculadas al narcotráfico constituyen la principal fuente de recursos económicos para la abundante financiación de todas las guerras en Colombia. El auge en Colombia de esta agroindustria criminal, y por ende de sus materias primas, los cultivos ilícitos, está íntimamente ligada a las causas y consecuencias de la sangrienta guerra que ha signado nuestra cotidianidad durante más de cinco décadas. Estas nefastas y sangrientas circunstancias se pueden explicar por la confluencia de los siguientes factores:
Injusticia social e inequidad territorial.
Entre los causantes más relevantes de nuestra tragedia, se destacan la intolerancia, la inequidad, y la exclusión imperante en Colombia, especialmente en gran parte de las áreas rurales, cuya población, históricamente, ha sido violentada en grado sumo y en gran parte, por ello, abandonó el campo y se estableció en pueblos y ciudades. En aproximadamente 70 años, desde poco antes del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y el inicio de la violencia partidista impuesta desde el gobierno de la época, hasta la fecha, la proporción de habitantes urbanos y rurales varió desde un 70% de habitantes en el campo al inicio de la segunda mitad del siglo XX, hasta un 70% de la población colombiana habitando las ciudades en los tiempos actuales.
Esta drástica variación en la distribución de la población en el territorio nacional, ha sido provocada por la violencia y el abandono estatal al que se ha sometido a la gente de la ruralidad, complementado con la estigmatización del campesinado como una población pobre, ignorante y atrasada. En contraste, se ha privilegiado el desarrollo del estilo de vida urbano, con la consecuente priorización de la inversión de los recursos públicos en la promoción de las ciudades y en la construcción de la infraestructura que demandan las urbes y metrópolis.
Guerra fría mundial, guerras de liberación nacional y doctrina de seguridad nacional
La subversión nacida de la violencia de los años 50´s bajo la modalidad inicial de autodefensas campesinas, rápidamente muto a un movimiento insurgente popular de liberación nacional, inspirado por las revoluciones de este tipo acaecidas en otros países y financiadas en buena parte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS- en el contexto de la “Guerra Fría” iniciada tan pronto culminó la Segunda Guerra Mundial, con la victoria del Ejército Rojo Ruso y la derrota del Estado Nacional Socialista -Nazi- Alemán.
Esta confrontación signó durante más de 40 años la vida de todas las sociedades del orbe, acaeció entre la URSS y los Estados Unidos de América -EUA-, implicó directamente a los países bajo la égida y yugo de estas dos superpotencias y desencadenó una carrera armamentista centrada en las armas de destrucción masiva, especialmente nucleares y químicas. En el complejo ajedrez de la geopolítica se expresó de manera muy doloroso, con millones de combatientes y, especialmente, civiles asesinados, en guerras como las de Corea, Vietnam, Afganistán, Cambodia y Congo, para sólo citar algunas pocas entre muchas muy sangrientas. Ambas potencias utilizaron la guerra informática, ideológica, económica y militar para dominar sociedades y aumentar sus aliados.
En donde le fue posible, pero especialmente en los llamados países subdesarrollados de Asia, África y América Latina, el bloque socialista liderado por la URSS, con la participación activa de China, Libia y Cuba, entre otros Estados, promovió por todos los medios las “Guerras de Liberación Nacional” contra el “Imperialismo Yanqui” y las oligarquías vasallas que gobernaban en los estados capitalistas al servicio del gran capital trasnacional mediante sistemas políticos violentos, injustos e inaceptables de explotación de los pueblos y apropiación de los recursos naturales, con el fin de transferir la riqueza nacional a las élites dominantes del mundo.
EUA, por su parte, también fortaleció regímenes corruptos, violentos y militaristas; impuso como política de Estado la doctrina de la seguridad nacional que incluye la exaltación de la ideología anticomunista, la ridiculización de la política socialista y la criminalización de la protesta social. En los países con movimientos subversivos activos en guerras de liberación nacional, se aplicó la estrategia de “Quitarle al pez el agua”, consistente en la promoción del paramilitarismo, el asesinato selectivo de personas rebeldes o proclives a la rebelión, el desarraigo violento de comunidades y los operativos militares convencionales.
Exclusión y violencia política
En el contexto de la guerra internacional entre capitalismo y socialismo llevada a cabo por todos los medios y en todas las latitudes durante más de medio siglo, surgen en Colombia las guerrillas FARC, ELN, EPL, M-19, PRT, Quintín Lame y al igual que los Paramilitares, sus contrapartes de extrema derecha, se expanden por gran parte del territorio nacional.
Con el desplome del bloque soviético en 1989, se auguró la consecuente derrota de sus aupadas FARC en Colombia. Pero, ¡Oh sorpresa¡, ocurrió todo lo contrario, se robustecieron y multiplicaron en cantidad de combatientes y poder de fuego. ¿La explicación?, a partir de la pérdida del apoyo soviético, decidieron complementar los recursos provenientes de la extorsión, el secuestro y el robo en sus diversas expresiones, con los provenientes de la minería criminal, los cultivos ilícitos y el narcotráfico que genera ingentes cantidades de dinero ilegal manchado con sangre humana y vida arrasada de selvas y cuerpos de agua; dinero delictivo que actúa como abundante y muy potente combustible de todas las violencias en Colombia.
Criminalización del consumo de psicoactivos
La causa del narcotráfico es la prohibición estatal y la criminalización del consumo de sustancias psicoactivas en casi todo el mundo. Esta práctica ha sido recurrente y generalmente ha fracasado en las sociedades democráticas. Un ejemplo muy famoso al respecto, fue la “Ley Seca” que prohibió el consumo de alcohol en EUA durante los años 20´s y 30´s del siglo XX, que dio origen a una situación insostenible de corrupción policial y violencia generalizada llevada a cabo por la agrupación de mafias conocida como la Cosa Nostra. Finalmente, resolvieron el problema legalizando el consumo del alcohol y asumiendo el alcoholismo como un problema de salud pública, en cuya solución se debe priorizar la prevención mediante la educación continua, la difusión de información pública sobre sus consecuencias y la promoción de hábitos de vida saludables.
En el caso colombiano, durante los siglos XIX y XX, varias generaciones de nuestros antepasados ejercieron el peligroso oficio de contrabandistas para lucrarse de la prohibición estatal del consumo de tabaco y alcohol, hasta que también se recurrió a la legalización para disipar esta causa de violencia entre civiles armados y agentes del Estado.
El negocio del combate al narcotráfico
A pesar de la evidencia histórica y de la abundante literatura científica que desvirtúa la criminalización del consumo como alternativa viable para resolver los problemas del narcotráfico, los gobiernos sucesivos de Colombia, bajo la égida implacable de EUA, se han empeñado en combatir este negocio criminal, penalizando a las personas que participan de todos los eslabones del narcotráfico.
Bajo esta consideración, los consumidores finales fueron sometidos al yugo cruel de mafias, bandas y combos, legales e ilegales, ya que muchos integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado han participado activamente en este cruento negocio. Prácticamente, en toda conversación entre adictos, se comparten experiencias sobre policías que protegen expendios de drogas, sobornan a los adictos y encarcelan de manera injusta y arbitraria a estas personas, con lo que, además, las condenan a la exclusión política, por la simple razón de que al ser encarceladas, ya no pueden participar como candidatos en las contiendas electorales.
Del lado de los criminales, además de imponer la ley del terror y la violencia, manipulan de manera amañada costos de las drogas y alteran peligrosamente la composición de las sustancias, con lo que ponen en grave riesgo la salud de los adictos.
Entre los actores de las relaciones entretejidas en el narcotráfico, los adalides de la erradicación de los cultivos ilícitos son quizás uno de los sectores más beneficiados con la comercialización de servicios y equipos requeridos para esta tarea. Queda pendiente cuantificar la monumental fortuna de miles de millones de dólares representada en centenares de miles de toneladas de sustancias químicas, maquinaria, avionetas, helicópteros, armamento, munición, alimentos, uniformes, seguros y toda la diversidad de costos asociados a la manutención y al pago de un ejército de soldados, profesionales, pilotos y abogados, entre muchas otras profesiones, requerido para llevar a cabo una lucrativa misión que desde todos los ámbitos se sabía que además de generar ingentes cantidades de dinero para sus promotores y actores, estaba destinada al fracaso en cuanto al objetivo fundamental que perseguía, como lo es el de resolver el problema del narcotráfico mediante la eliminación definitiva de su fuente de suministro de materias primas vegetales.
Al respecto, cabe detallar la aspersión aérea con el herbicida glifosato para defoliar las plantaciones de coca, marihuana y amapola. Su uso masivo se impuso durante muchos años contra todas las numerosas evidencias científicas y empíricas ampliamente documentadas en todo el mundo, que demostraban hasta la saciedad que el uso indiscriminado de este agrotóxico representa un grave peligro para la salud pública y la seguridad alimentaria de las comunidades asperjadas y provoca una afectación radical de la vida silvestre, al eliminar el tejido fotosintético de toda suerte de vegetales que entren en contacto con este veneno.
Tras una insensata y muy extensa afectación de cultivos de pan coger, defoliación de bosques (se calcula una extensión aproximada de 1.900.000 ha de ecosistemas forestales asperjados) y contaminación de personas, animales domésticos y fauna silvestre, el gobierno de Santos tuvo que reconocer el carácter cancerígeno del glifosato establecido por la Organización Mundial de la Salud, desistir de esta lesiva estrategia y focalizar los esfuerzos para desestimular la expansión de los ilícitos mediante la erradicación manual de los cultivos, tal y como se le propuso al gobierno de Cesar Gaviria cuando se embarcó a principios de los años noventa del siglo XX en esta práctica letal para los ecosistemas forestales y las economías campesinas.
Destrucción ambiental, social e institucional
La criminalización de los cultivos ilícitos obliga a los campesinos responsables de esta agroindustria a migrar constantemente para establecer de manera temporal las parcelas en zonas marginales y prohibidas, al interior de bosques primarios, reservas forestales y parques nacionales naturales. La consecuencia son más de cien mil hectáreas de bosques talados cada año, para un acumulado de más de 2.000.000 de ha talados en poco más de 20 años.
A las muy nefastas consecuencias ambientales que conlleva la deforestación, tales como la extinción de biodiversidad, la erosión y la drástica afectación del clima y el régimen hídrico local, se debe agregar el envenenamiento de los cursos de agua y de la vida silvestre que allí habita, ocasionada por el vertimiento de venenos en las cocinas donde se produce la pasta de coca.
Lo mencionado es agravado por la corrupción, la violencia y la destrucción de tejido institucional que de manera generalizada provoca y financia el narcotráfico, ampliamente difundido en prácticamente todos los numerosos medios de comunicación y padecido en nuestra sociedad, a tal punto, que los integrantes de varias generaciones de colombianos en ciudades como Medellín, han sido significativamente afectados en cuanto a su cantidad, debido al asesinato de muchos de sus miembros.
