Sorpresa y preocupación, esos fueron los sentimientos que inundaron los corazones de los San Rafaelitas el 5 de Junio de 2020, después de conocerse por medio de redes sociales que Cornare había dado inicio al trámite de licencia ambiental para la construcción de una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) en uno de los ríos más puros e intactos de este municipio: el Río Churimo. ¿Cómo un proceso que involucra la intervención del territorio y sus recursos naturales puede estar tan adelantado cuando apenas un pequeño sector de la comunidad Sanrafaelita lo conocía? Esta es una pregunta muy común por estos días; después de hacerse una investigación más a fondo se conoció que el proyecto lleva más de dos años en marcha, eso aumentó más la indignación.
El Río Churimo es uno de los afluentes que surten al río Guatapé, es poseedor de las cascadas y charcos más únicos del municipio, pues casi todo su trayecto está rodeado de un bosque nativo bastante espeso, el cual le hace merecedor de ser hogar de incontables especies de fauna y flora. El EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) de San Rafael lo considera como una zona de conservación y preservación de “Interés Ecosistémico”; así mismo en su Artículo 28 se plantea como objetivo “la conservación y recuperación del espacio público para el disfrute colectivo” en zonas estratégicas del municipio. Dentro de tales espacios se encuentran los ríos (no solo el Churimo sino también el Río Guatapé, Arenal y Bizcocho) los cuales son frecuentados por habitantes y turistas, trayendo un beneficio económico y recreacional.
La Veredas Falditas, atravesada por el Río Churimo, hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del embalse Peñol-Guatapé y la cuenca alta del río Guatapé, que tiene como objetivo la preservación y recuperación de la condición natural de los hábitats para “[…] proporcionar las condiciones ambientales necesarias para la permanencia de comunidades de especies de fauna y flora endémicas, en riesgo de extinción o ambas”, objetivo que se resalta con el descubrimiento de un paratipo de orquídea endémica en el Río Churimo, bautizada con el nombre de “Epidendrum scrotiforme”, por tanto la construcción de la PCH modificaría tales condiciones afectando el ecosistema alrededor del río.
Por otra parte hay un descontento generalizado dentro de la población que tiene que ver con dos puntos fundamentales: el primero es la falta de socialización del proyecto con la totalidad de los habitantes del municipio, pues los únicos enterados del proyecto hasta antes del 5 de junio eran los habitantes de las veredas Falditas y Quebradona. El segundo punto se relaciona con el hecho de que el río Churimo, según el Artículo 70 del EOT, hace parte del “patrimonio cultural y paisajístico del municipio”, esto lo convierte en uno de los ríos que integran la esencia e identidad del municipio, pues cuando un Sanrafaelita habla de sus ríos lo hace con orgullo. Es imprescindible mencionar que los ríos son la carta de presentación de San Rafael ante el mundo, además, el recurso hídrico es un eje fundamental para su desarrollo, puesto que el municipio viene proyectando su economía alrededor del turismo. Así mismo sus dos mayores eventos “La Cabalgata del Río” y “Las Fiestas del Río” hacen referencia a éstos, por eso es legítimo decir que cualquier tipo de proyecto que comprometa los ríos es de interés de todos los habitantes del municipio y no únicamente de los habitantes de la zona de influencia del proyecto.
Por otro lado un sector de los habitantes considera que quienes pretender realizar esta PCH se han aprovechado de la pobreza y del abandono estatal para vender como beneficioso el proyecto, ofreciendo un mejoramiento en las vías de acceso (algo que se realiza para que la maquinaria pueda ingresar al lugar) y la generación de un monto de empleos, que sólo existirán durante la fase de construcción de la PCH, dejando nuevamente sin empleo a gran parte de la población una vez finalice.
Otra de las razones por la que los San Rafaelitas no ven conveniente este proyecto es que no representa un beneficio económico considerable para el municipio ya que esta central proyecta una producción de 6.45 MW, esto quiere decir que San Rafael no recibirá transferencias por ventas, puesto que el artículo 12 de la Ley 56 de 1981 establece que solo las Centrales Hidroeléctricas que produzcan más de 10 MW deben hacerlas; por el contrario la comunidad se vería afectada por los cambios sociales y ambientales que pueden producirse; se sabe que una PCH no causa el impacto de una represa del tamaño de Jaguas o Playas, pero si cambia considerablemente el flujo natural del agua, y aunque el nombre “a filo de agua” suene “inofensivo”, no lo exime de causar un represamiento que acumula sedimentos, erosiona los suelos e interrumpe la migración de peces para su reproducción y el flujo de sus fuentes de alimento; además impacta los microclimas de la zona poniendo en riesgo la permanencia de especies que han habitado por años allí.
Memoria histórica: relación entre el conflicto armado y las centrales hidroeléctricas
En la memoria histórica de los habitantes de San Rafael está presente el carácter impositivo y violento con el que fueron ejecutados los megaproyectos que dieron paso a las centrales hidroeléctricas Playas, Jaguas y Guatapé, tal y como lo deja ver el Centro Nacional de Memoria Histórica en su libro Memorias de una masacre olvidada Los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia), 1988 , en el cual presenta una línea de tiempo donde demuestra que las hidroeléctricas fueron impuestas en la medida en que los habitantes de San Rafael nunca fueron consultados acerca de la construcción de estas obras en su territorio, no obstante tuvieron que enfrentar los impactos negativos en su economía, su estilo de vida y recursos naturales.
Una de las consecuencias de estos megaproyectos fue que se gestaron una serie protestas en el municipio por parte de habitantes, campesinos y obreros, quienes se vieron afectados por las obras ejecutadas por ISA (Interconexión Eléctrica S.A), y buscaban indemnizaciones por las afectaciones sufridas; en respuesta a estas demandas el gobierno nacional utilizó la estigmatización y el uso de la fuerza contra las manifestaciones, lo que generó aún más descontento en el municipio. Otra de las consecuencias, tal vez la que más ha golpeado a este municipio, ha sido la llegada del conflicto armado interno, el cual inició cuando las FARC-EP y el ELN se vieron atraídos por la gran cantidad de dinero que se estaba invirtiendo en el territorio producto de estas obras, y en el cual encontraron una forma de financiarse.
El hecho que más ha marcado la historia del municipio, dentro de este conflicto armado, fue que entre los días 12 y 15 de Junio de 1988 catorce mineros (estigmatizados como guerrilleros) provenientes de la vereda El Topacio del municipio de San Rafael, fueron retenidos por un grupo de soldados del Ejército liderados por el capitán Carlos Enrique Martínez Orozco; estos mineros fueron desmembrados y posteriormente arrojados al Río Nare, hecho que se conoce como La Masacre del Topacio; este hecho dejó marcada la historia política y social del municipio, y fue la primera de varias acciones violentas dirigidas a eliminar todo tipo de protestas. 9 años después, en un contexto donde las FARC-EP mantenían una lucha contra el Estado en el territorio de San Rafael, las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) llegaron al municipio y se asentaron en el casco rural y urbano; esto dejó como resultado el recrudecimiento del conflicto armado, el asesinato de personas inocentes, la intimidación hacia la población en general y el miedo como estilo de vida durante casi 8 años; el motivo de la llegada, según las víctimas y habitantes, fue la protección de las hidroeléctricas, la expulsión de la guerrilla del territorio y la intimidación a los habitantes para que estos no volvieran a formar movimientos cívicos y de oposición; por tanto este tipo de obras como la PCH, que se pretende construir en el Río Churimo trae a la memoria de los habitantes del municipio todas estas experiencias relacionadas con la violencia y el conflicto armado.
Para concluir, San Rafael aporta para la producción de energía 934 MW entre Jaguas (170MW), La Araña (560 MW) y Playas (204 MW) y recibe anualmente entre 2600 y 2700 millones de pesos por conceptos de transferencias del sector Hidroenergético, es decir, este monto corresponde a las transferencias de Isagen y EPM. Por otro lado, Medellín se ve más beneficiada en términos económicos por estas empresas, sólo de EPM recibió en el año 2018, 1.2 billones de pesos, esto sin aportar una gota de agua o tierra para la producción energética. Por años, han sido los privados quienes se han lucrado a costa del sufrimiento humano, la contaminación de los ríos y el detrimento de la economía agrícola y minera de este municipio; con esto se han destruido lazos sociales y políticos que aún no han sido recuperados.
La mayor parte de la población coincide en que no se quieren más Hidroeléctricas en el territorio y en que se ha hecho un avance importante en turismo sostenible, por eso le apuntan a un modelo de desarrollo armónico con los recursos, cuidando y protegiendo el agua para las futuras generaciones.
Por eso San Rafael no dice solo #RíoChurimoLibre, también dice #NoMásHidroeléctricas en su territorio.
Autores:
Andrés Camilo García Urrea
Santiago Gil Vargas.
