Está sólidamente fundamentado que el consumo de azúcar contenido en diversos alimentos, y en particular, muchas bebidas industrializadas, masivamente consumidas, contribuye en buena medida al grave fenómeno de la obesidad, principalmente infantil y juvenil, con el alto riesgo que ésta conlleva de enfermedades cardiovasculares y metabólicas graves, de difícil y costoso manejo.
Es tan crítico el crecimiento de la incidencia y la prevalencia de la obesidad en la inmensa mayoría de países, que en algunos de ellos ha sido calificada de epidemia. Esto no significa que las bebidas azucaradas sean el único factor responsable de la mencionada condición, ni que su control sea la única y definitiva medida que debe asumir una política de salud pública para su manejo y prevención, por lo cual otras estrategias y medidas deberán también implementarse.
Un sistema de salud racional, que hace énfasis en la atención primaria, en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, debe estimular conductas de vida saludables, y desestimular aquéllas que no lo son. Medidas que, prioritariamente deben ser de carácter educativo para conducir a cambios culturales, de tal modo que los individuos conscientemente cuiden de su salud y procuren el buen vivir. Sin embargo, también existen medidas que hacen parte de los condicionantes de la salud y que son de carácter económico, establecidas por diferentes Estados con el objetivo de promover o desestimular conductas; en este caso, conductas que tengan que ver con la salud de la población, la carga de enfermedad y, por ende, los costos del sistema.
Una medida que ha probado ser efectiva para propiciar o desestimular conductas sociales, de carácter económico, tiene que ver con el costo de los bienes que se apetecen, para incrementar o reducir su consumo. En este orden de ideas, los impuestos a las bebidas azucaradas, se orientan a la prevención de la obesidad y de las secuelas que ésta conlleva, sin afirmar que sea suficiente, y no se requieran, como ya lo dijimos, de otras medidas que contribuyan al mismo fin.
Igualmente, el incremento de los impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas, se propone como medida para reducir su consumo y mejorar la salud de las personas.
Una población más saludable, como resultado de medidas efectivas de salud pública, implica menores costos para el sistema de salud, un sistema que en nuestro país se encuentra desfinanciado.
Ante la crisis financiera, sin solución a la vista de nuestro sistema de salud, además de la reducción de costos, se requiere el combate a la corrupción, una buena gestión, un sistema más eficiente (Reforma mediante Ley ordinaria), y contar con nuevos recursos.
Para incrementar los ingresos del sistema, además del combate a la elusión y evasión de los aportes a la seguridad social, debe contarse con mayores aportes provenientes del presupuesto nacional, mediante el recaudo de nuevos impuestos.
El impuesto propuesto en la actual reforma tributaria, a las bebidas azucaradas y el incremento a los gravámenes del alcohol y el tabaco, no solo desestimulan el consumo de estas sustancias, sino que a la vez consiguen aportes nuevos que deben destinarse a la financiación del sistema de salud.
Los empresarios e industriales se han manifestado ampliamente en contra del impuesto a las bebidas azucaradas, alegando consecuencias económicas y sociales, generadas por el desempleo en una industria que vería reducido su mercado y sus márgenes de utilidades. Afirmación que carece de veracidad y es fácilmente refutable porque la industria se acomodaría produciendo cada día más bebidas con sustitutos del azúcar, lo cual ya hoy es una tendencia clara en el mercado. Faltan a los postulados básicos de la ética empresarial, al colocar sus intereses propios por encima de los intereses generales de la población, puesto que en todas sus comunicaciones, no mencionan intencionalmente los efectos dañinos del alto consumo de azúcares, simplemente recurren a la afirmación infantil “otros también lo hacen”.
En el sector salud, los agentes y actores que se oponen a estos nuevos impuestos, hacen populismo irresponsable y oportunista. No podemos exigir mejores servicios de salud, negándonos a la vez a buscar nuevas fuentes de financiación para ellos, sin declinar la lucha contra la corrupción y la mala gestión del sistema, ni la necesidad de impulsar su reforma estructural mediante una o varias leyes ordinarias.
