Nelson Enrique Restrepo Ramírez

El Gobierno Nacional niega a municipios y comunidades participar en las decisiones sobre minería y obras que los afectan

Desde arriba, como las aguas, discurren las normas y decisiones. Las licencias ambientales para las grandes obras lineales, la gran minería, la generación de hidroenergía en centrales eléctricas, están a cargo de la ANLA – Gobierno Nacional; las licencias para pequeñas y medianas obras están en manos de las CARs que son el Ministerio de Medio Ambiente, es decir el Gobierno Nacional. Abajo alcaldes, concejales, comunidades, movimientos sociales, campesinos buscan por todas partes participar de las decisiones sobre licencias y obras pero no lo logran, las normas nacionales se imponen sobre los reparos, las aspiraciones y las voluntades de los locales.

 

Desde arriba se han aplicado las normas para la explotación de los recursos naturales, la implementación de grandes infraestructuras declaradas de interés nacional. Los de abajo participan en la socialización de estos proyectos, pero cada vez que intentan participar en la decisión, se les niega la oportunidad; aunque han usado mecanismos institucionales, políticos, sociales para hacerse valer, hasta ahora no lo consiguen: cuando usaron la consulta popular y lo lograron en un puñado de municipios, el Gobierno Nacional suspendió el derecho a convocarla y votar en ella.

 

Cuando a través de acuerdos los concejos municipales limitaron la actividad extractiva en sus territorios, fueron controlados por gobernaciones y tribunales administrativos departamentales, advirtiendo que los municipios no pueden limitar una actividad económica.
Cuando la ciudadanía lo intenta, en instancias de participación ciudadana, sus propuestas y observaciones no son vinculantes, porque las instancias son sólo consultivas.

 

Cuando municipios han intentado blindar sus territorios de la minería haciendo uso de la autonomía para ordenar el territorio, las presiones políticas de los niveles superiores de gobierno han intervenido para no dejarlo aprobar.
Cuando autoridades locales y comunidades han intervenido en los procesos de estudio y otorgamiento de licencias ambientales, sus observaciones son usadas para mejorar la licencia, y ante solicitudes de no otorgar, suspender, revocar licencias, sus propuestas no son tenidas en cuenta porque tampoco son vinculantes, porque no son parte del proceso de otorgamiento, porque la consulta previa no le aplica a campesinos o a municipalidades.

 

La Corte Constitucional en sus últimas sentencias le ha pedido al Congreso de la República que legisle sobre esta materia. Ha dicho que el Gobierno Nacional no le puede imponer, digamos una mina, a un municipio, pero que tampoco el municipio le puede imponer a la nación la decisión de no hacerla. Hasta ahora el Congreso no asume la tarea y el Gobierno Nacional que estaba elaborando un proyecto de ley llamado “Ley de Concurrencia” lo engavetó hace pocos meses; mientras tanto, sigue aprobando licencias a empresas multinacionales, nacionales, y se mantiene paralizado frente a las actividades de los grupos armados criminales responsables de la mayoría de la producción del oro en Colombia y de los principales daños ecológicos.

 

Desde arriba, en la Sabana de Bogotá, el Gobierno Nacional ordena, decreta, resuelve y decide sobre las obras e impactos en los territorios locales, la Colombia rural y municipalizada con inmensas riquezas naturales, minerales, biodiversas. Aunque las comunidades y autoridades locales quieren ser parte en las decisiones, participar de los asuntos que son de su interés, que les implica, el Gobierno Nacional les niega la posibilidad.

 

Mientras no haya una instancia formal, un mecanismo donde se encuentren los actores; reglas de juego que equilibren al Gobierno Nacional, empresas locales o multinacionales y actores locales; garantías de participación para los locales; árbitros o jueces diferentes a los implicados, que tomen decisiones objetivas; estudios de impacto ambiental realizados por actores diferentes a las empresas interesadas; mientras no exista esto, predominará el poder del centro y tendrá resistencia local.

 

Es decir, mientras no haya institucionalidad democrática, legítima para gestionar los conflictos socioambientales, los conflictos seguirán incubándose. Cuanto más los poderes políticos y económicos nacionales aprovechen la informalidad para imponerse, más se cultivará el malestar, la rabia y la frustración de los locales. Y cuando es así, no hay ambientes favorables para la iniciativa privada, ni para la democracia, ni la vida buena en lo local. La experiencia nos muestra que cuando ha sido así, florece la violencia y el conflicto armado.

 

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