La gestión del espacio público en el centro de Medellín exige avanzar hacia una nueva institucionalidad local.
El centro histórico de nuestra urbe refleja en gran parte tanto la problemática regional de migración y desplazamiento como la decidía político-administrativa y de las élites locales para asumir en serio la regulación institucional de las tensiones y problemas socio-espaciales asociados a la expansión, densificación y usos mixtos de del suelo urbano, lo cual va más allá del recurrente uso de la fuerza pública, demandando cada vez más de formas institucionales locales sub-municipales donde estén representados de manera equitativa y orientados a la acción legítima y eficaz la diversidad de pobladores y residentes del centro de la ciudad. La problemática creciente del ruido y la ocupación del espacio público son una muestra contundente de esta falta de institucionalidad y regulación desde el territorio mismo – léase Comuna 10, que entre otras, facilita la emergencia y expansión de poderes ilegales.
Para empezar a situar este fenómeno debemos tener en cuenta que Medellín es una ciudad en la cual, desde los años de 1940, su población no ha dejado de crecer a un ritmo asombroso, con una pequeña desaceleración entre la década de 1980 y mediados de los 90 y con un sorprendente repunte desde esos años hasta la fecha, pasando por ejemplo, de 1.630,009 habitantes en 2003 a 2.223.078 en 2005, proyectándose a la fecha más de 2.464.000 habitantes, según datos del DANE, crecimiento que se debe en su gran mayoría a nuevos contingentes de población inmigrante y desplazada mas que al crecimiento interno de su población ya asentada.
Esto expresa una gran cantidad de personas “nuevas” llegando a esta urbe, buscando un espacio, refugio o lugar de residencia y un trabajo, una empresa o sitio de donde obtener sustento. Contingente de personas “nuevas” que se suman a las y los desempleados ya residentes en la ciudad y que de conjunto presionan de manera individual, algunas veces de manera organizada, y en su mayoría de modo informal, por un espacio para trabajar, casi siempre en actividades comerciales, de venta al menudeo de productos de consumo masivo y bajo precio, siendo lo más típico frutas, alimentos y ropa barata.
Esta presión por el espacio, en especial en el centro de la ciudad, implica una disputa y apropiación no consentida de ciertos puntos y lugares del espacio público con alta movilidad de transeúntes. Disputa y presión que no se da sólo por medio de la ocupación de un punto o lugar específico en el espacio público tradicional (calles, andenes y parques) si no que también se da a través de la ocupación y disputa entre estos mismos agentes por el espacio público sonoro haciendo uso extensivo e intensivo de altavoces y megáfonos, lo cual termina manifestándose como ruido y contaminación auditiva que afecta por igual a transeúntes y residentes y que como consecuencia produce una transformación radical en la manera en cómo se percibe, usa y habita el espacio, tanto público como privado, debido en lo principal a una doble presión: (i) por la disputa y reducción de los espacios de movilidad peatonal y vehicular en el centro, y (ii) por la competencia e invasión del espacio sonoro individual por parte de comerciantes formales e informales que obligan a escuchar lo que no se quiere escuchar.
Consecuencia de esta doble presión espacial-sonora, y ante la ausencia de regulación institucional de este conflicto, la agresividad y el estrés individual aumentan, transeúntes y residentes tradicionales usan menos los establecimientos y espacios públicos para conversar y departir, y son, junto a comerciantes tradicionales, presionados a desplazarse y dejar atrás los lugares de su sociabilidad y vida cotidiana. Todo lo cual implica un doble empobrecimiento y desvalorización, tanto de los lugares históricamente habitados como de las experiencias significativas de cada persona. Empobrecimiento que va en contra vía de los propósitos sociales y gubernamentales de hacer del centro un espacio diverso y vital, tanto apropiado para el encuentro, el comercio y la cultura como para la residencia y la vida familiar.
Este empobrecimiento acelerado del espacio y la experiencia personal significativa tiene a su vez como una de sus causas, por parte de la administración municipal, la falta de vislumbrar y adecuar la urbe para su crecimiento y densificación, en el doble sentido de no prever espacios de residencia y sociabilidad para la nueva población, como en el sentido de no generar un política sostenida de integración y dialogo intercultural que, además de asimilar los nuevos habitantes (muchos de ellos con negocios tipo bares) también les informe y posibilite comprender sus obligaciones como ciudadanos que comparten con otros un espacio urbano altamente mixto y densificado que amerita de los mayores cuidados y actitudes respetuosas posibles.
Contar un buen centro de urbano, asequible, acogedor, económica, cultural y socialmente diverso es una de las mayores riquezas que cualquier ciudad puede tener. Dadas las actuales circunstancias de Colombia, la sociedad civil y los gobiernos de las grandes ciudades del país requieren comprender: (i) la naturaleza urbano-regional de las dinámicas y conflictos que generan la migración y el desplazamiento forzado, (ii) las necesidades materiales y culturales de origen de esta nueva población inmigrante y sus posibles conflictos con la cultura citadina pre-existente y su proyecto urbano. En un posible escenario de posconflicto, y desde una perspectiva de paz urbana, esto se hace cada vez más necesario. Primero, para construir de manera colectiva alternativas institucionales de vida y economía al conflicto por el espacio público y sonoro actualmente existente, garantizando de manera previsora y sostenible el derecho a trabajar de los venteros y comerciantes de la calle pero también garantizando el derecho de los residentes y transeúntes a una vida tranquila, sin invasiones sónicas y con espacios públicos de calidad para el encuentro y el descanso, Y segundo, para desde una institucionalidad fuerte y representativa, descentralizada en la gestión cotidiana del espacio y articulada a la centralidad de la autoridad en seguridad ciudadana, quitarle espacios a las mafias y delincuencia organizada que hacen de la informalidad, la disputa por el espacio y el caos los elementos propicios para vender su “seguridad” y sostener sus propios mercados ilegales, fortaleciendo desde allí su propio orden y poder territorial no-ciudadano. De todas maneras, aunque esta es una cuestión en la que todos debemos ayudar, empezando por nuestra propia organización como residentes, comerciantes y trabajadores, no cabe duda que la responsabilidad principal le cabe a la autoridad municipal, empezando por reconfigurar la gerencia del centro haciéndola un ente más amplio y representativo, con mayor autoridad y mayores recursos.
