Como casi siempre, también en este caso optamos por mirar los contextos antes que los asuntos, las anécdotas antes que los conceptos, los culpables antes que las enseñanzas.
El Consejo de Estado ha aceptado la demanda contra las trampas y mentiras delatadas por Juan Carlos Vélez Uribe, en la campaña del plebiscito del 2 de Octubre. Una declaración, en cualquier caso, carente de consecuencias prácticas sobre el futuro del proceso de paz. A nadie se le ocurriría que por esa declaración se retomará el acuerdo original negando la oportunidad al mejor acuerdo, resultado de la renegociación por ejemplo. Por otro lado ordena al Congreso a avanzar en lo que ya se está avanzando.
Algunos sectores políticos que se encuentran hoy a la defensiva de la declaración del Consejo de Estado pretenden centrar la discusión en la validez de todas y cada una de las 61 elecciones presidenciales que se han dado en la vida republicana del país con el pretexto de que siempre ha existido engaño, mentira y tergiversación en nuestra política o con la inimputabilidad alcohólica o megalómana del gerente en cuestión.
Como casi siempre, también en este caso optamos por mirar los contextos antes que los asuntos, las anécdotas antes que los conceptos, los culpables antes que las enseñanzas.
Más allá del debate sobre el Sí o el No, lo realmente importante debería ser el debate ético sobre nuestra forma de hacer política y la posibilidad hacia el futuro de construir unos lineamientos claros sobre lo permitido en la contienda electoral.
El mensaje que se da sobre el comportamiento de los candidatos hacia el futuro, el proceder de las campañas y la responsabilidad de los partidos políticos, en tanto pilares de cualquier sociedad democrática, debería ser el gran debate de una sociedad que, por primera vez en su historia, se ve desnuda en el espejo de sus mentiras más preciadas.
Hemos creído que la democracia está garantizada por el simple hecho de tener elecciones populares, sobre la base de que contar votos basta para tener una democracia, sin ninguna consideración por la manera como estos se depositan en las urnas: mentiras, billetes o tamales; conciertos, rumores o muertos; casas gratis, puestos o amenazas armadas, siempre da igual.
Este pronunciamiento del Consejo de Estado no debería ser considerado un triunfo de nadie sino más bien una derrota de todos. Una declaración de urgencia que nos alerta sobre la no viabilidad de una sociedad tramposa… una cofradía de “vivos”, una voz de alerta que tendrá que ser asimilada en su real dimensión.
Los que hemos luchado por una sociedad más igualitaria y equitativa estamos hoy ante el reto y la oportunidad de construir sobre esta declaración y darle la potencia necesaria para renovar nuestras costumbres políticas … las de todos .. que sin duda, de una u otra forma, en mayor o menor grado, han sido siempre tramposas.
Apostilla: No queda ninguna duda sobre el hecho de que los acuerdos entre las Farc-EP y el Gobierno Nacional son un gran primer paso en esta apuesta. La urgencia de las medidas cautelares ordenadas por la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez son el mayor acierto de sus declaraciones y muestran de manera clara la importancia de sus propósitos.
