El pasado jueves 2 de marzo en horas de la mañana fue asesinada Ruth Alicia López Guisado, líder social de la Cumbre Agraria y de la organización política Congreso de los Pueblos. Los hechos ocurrieron en el barrio Olaya Herrera, zona de la comuna 13 de Medellín en la cual hay presencia histórica de organizaciones delincuenciales vinculadas a las grandes estructuras del crimen organizado: la Oficina de Envigado y la de los Urabeños. Con respecto a este asesinato, hay algunas reflexiones que pueden ser útiles para profundizar en el análisis y el debate de lo que ocurre en la actual coyuntura.
En primer lugar, a estas alturas es difícil creer que no hay un plan sistemático e intencional de exterminio de hombres y mujeres líderes, integrantes de organizaciones sociales y políticas que sectores enemigos del proceso de paz creen cercanas a las organizaciones insurgentes. Es evidente que no todos los casos se podrán atribuir a problemas políticos, pero sin duda, más de 100 líderes asesinados el año pasado y 23 en solo dos meses de 2017 no pueden considerarse casos aislados. Hoy, como lo han hecho también en el pasado con fenómenos similares, las autoridades insisten en negar lo que ha ocurrido, y pretenden vender la idea de que son casos aislados, como lo dijeron frente al exterminio de la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar desde mediados de la década de los 80, ante el asesinato sistemático de defensores de derechos humanos desde la segunda mitad de los años 90 y ante el asesinato y ataque generalizado contra el movimiento sindical desde mediados de los 80. Son discursos y prácticas tendientes a favorecer la impunidad y a exculpar a los responsables de estos graves crímenes.
Lamentablemente, esto ocurre ante la mirada cómplice e indolente de la mayoría de la sociedad colombiana, que se siente más conmovida por la ejecución de un preso colombiano en China –lo cual es entendible pues la pena de muerte es una grave violación de derechos humanos así sea legal en algunos países-, o por el necesario debate sobre la crueldad animal y los toros, pero no siente el mismo interés ni solidaridad por las decenas de líderes sociales asesinados en Colombia. Tampoco los partidos políticos expresan su rechazo contundente a estas acciones, esto es esperable en partidos cercanos a los enemigos al proceso de paz como el Centro Democrático o sectores del Partido Conservador, de Cambio Radical, del Partido Liberal o del de la U, pero la verdad, tampoco para el Partido Verde ni para el Polo –con excepciones notables como los Senadores Cepeda y Castilla o los Representantes Alirio Uribe y Víctor Correa-, parece ser esto un tema central, al menos no han sido significativas expresiones de condena a este proceso de exterminio por parte de senadores como Antonio Navarro, Claudia López o Jorge Robledo, entre otros. En conclusión, las muertes no importan, son asesinatos ¨normales¨, son, como lo expresa Achille Mbembe, la puesta en acción de la necropolítica.
En segundo lugar es deplorable la actitud de las autoridades de Medellín y Antioquia. El gobernador Luis Pérez, quien siempre ha estado presto a salir a denunciar los inconvenientes en el proceso de reintegración de las Farc y quien como digno representante de Cambio Radical es más un opositor que un aliado para construir el proceso de implementación; ante los asesinatos de líderes en Antioquia guarda silencio, como si esto no fuera un asunto importante ni mereciera su atención. Igual pasa con el Alcalde Federico Gutiérrez, quien esta misma semana salía indignado en medios de comunicación a cuestionar la voluntad de las Farc y a desprestigiar el proceso de paz en marcha, pero ante este crimen ha guardado silencio. (Hoy es sábado 4 de marzo a las 10 a.m., acabo de revisar las cuentas de twitter de ambos funcionarios y no hay ninguna manifestación al respecto). El Alcalde tan preocupado por la seguridad de los habitantes de la ciudad, quien considera que debe liderar personalmente los operativos de la fuerza pública para dar ejemplo y lanzar mensajes de liderazgo a la sociedad, ¿por qué guarda un cómodo silencio frente a estos crímenes?, ¿por qué no está liderando personalmente los operativos para dar con los autores materiales e intelectuales?, ¿por qué no le exige resultados a la SIJIN en tiempo record como lo hizo en días pasados con un conocido caso de fleteros que atrajo la atención de las redes sociales?¿Será que los asesinatos de líderes sociales no están en las consideraciones del marketing y el rating?.
Claro que el colmo de la indolencia institucional se lo lleva la Directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien en declaraciones a Teleantioquia señala que Alicia López Guisado tenía antecedentes de haber estado sindicada de pertenecer a los Comandos Armados Populares, CAP, a comienzos de la primera década de este siglo. Como bien lo aclara una comunicación emitida por la Corporación Jurídica Libertad[1], es cierto que Alicia estuvo sindicada, pero debe recordarse el contexto en que esto ocurrió, cómo se desató una cacería de brujas contra habitantes de la comuna 13 y la 7 en el marco de la confrontación entre las autoridades, sus aliados paramilitares y las milicias de la guerrilla, en la cual quedaron en medio centenares de pobladores y sufrieron todo tipo de agresiones, incluyendo las ¨legales¨ por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, responsables de detenciones arbitrarias, amenazas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Pero aún en el caso de que fuera cierto que una persona hizo parte de una estructura ilegal, ¿acaso esto justifica su asesinato?, ¿Habrá oído hablar la doctora Carrasquilla del estado de derecho?, ¿presunción de inocencia y debido proceso? Preocupa esta postura de la Fiscalía General de la Nación, entidad con una larga historia de actuación ilegal y de concertación con grupos criminales, en especial cercanos a los paramilitares.
En tercer lugar, las organizaciones sociales y de derechos humanos de la ciudad han denunciado hasta el cansancio el carácter paramilitar de una buena parte de las agrupaciones delictivas de la ciudad. Claro, no es lo mismo que antes de la desmovilización, cuando en la ciudad había milicias y el momento del país era otro. Pero como se ha dicho, les quedó instalado un gen contrainsurgente, que les lleva a desconfiar y controlar expresiones sociales y barriales sociales organizadas, de quienes promueven el discurso y defensa de los derechos humanos y de la acción política de izquierda. Pero además, como en el pasado, sectores institucionales y grupos políticos de extrema derecha, recurren a la delegación de la represión en manos de terceros, grupos delincuenciales y del narcotráfico, lo cual permite diluir la responsabilidad intelectual y enturbiar la identificación de los patrones de victimización. Una investigación de quienes están detrás del asesinato de Alicia López y de los demás líderes asesinados, puede llevar en primer lugar a grupos de delincuencia común y del narcotráfico, pero lo interesante será develar quiénes son los determinadores probablemente se terminará encontrando que al igual que pasó con los homicidios de la banda La Terraza a finales de los 90, detrás había poderosos sectores institucionales, políticos y económicos.
Si no hay un cambio absoluto en este comportamiento de exterminio sistemático y permanente del liderazgo social y político en Colombia, será bastante difícil avanzar en la implementación del Acuerdo logrado con las Farc y en llegar a puntos de entendimiento con el ELN. Aunque puede parecer que el camino de la paz es irreversible, este exterminio masivo por motivos políticos puede generar otros procesos de violencia en el futuro.
[1] http://www.cjlibertad.org/publicaciones-28/1210-declaraciones-de-la-directora-seccional-de-fiscalias-de-medellin-son-irresponsables-e-indolentes.html
